Los conflictos derivados de la deuda externa han relegado a un plano secundario en toda Hispanoamérica la discusión de asuntos todavía de tanta relevancia y repercusión, como son el desempleo y la pobreza, íntimamente relacionados. Es innegable que la deuda contribuye a acentuar la gravedad de éstos problemas básicos por vía de la disminución de la capacidad nacional de los deudores para acometer con éxito programas dirigidos a resolverlos.
Pero no es menos cierto que el efecto social-político inmediato derivado de una alta tasa de desocupación y una pobreza extrema, que abarca cada día a un núcleo mayor de población, es tan preocupante y devastador como cualquier consecuencia nacida de compromisos internacionales no honrados.
Por su monto global, en la práctica la deuda es impagable. Los altos intereses que los países deudores se han visto precisados a pagar hacen que de hecho haya sido, en cierta forma, solventada. Esta observación está muy lejos de parecerse a una sugerencia de moratoria. Los países en desarrollo requieren de recursos frescos para emprender programas de crecimiento económico y encarar el desafío del desarrollo, lo que hace necesario cumplir religiosamente con ese compromiso. Pero bien podría buscarse una fórmula basada en una reducción de las tasas abusivas de interés y que los países endeudados amorticen más capital con el pago de cada factura a la banca internacional y a los gobiernos acreedores.
Hay, de todas maneras, infinidad de medios para encarar el problema de la deuda. No ocurre igual en los casos del desempleo y la pobreza, que penden onerosamente sobre la estabilidad política y social de la mayor parte de las naciones del hemisferio.
Hoy parece muy difícil la adopción de medidas punitivas, ya sean de carácter económico como militar, contra los deudores morosos. En cambio, ningún país pobre puede escaparse tan fácilmente de la amenaza de estallidos sociales como consecuencia de sus altos índices de indigencia.
