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Ha sido muy interesante el debate generado en la Cámara de Diputados en torno a una resolución que busca la aplicación de la Ley No. 44-00 que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas. Esta discusión pone de manifiesto las contradicciones en una parte de la clase política dominicana que no termina de entender uno de los grandes avances de la humanidad a partir del renacimiento, la separación Estado-Iglesia. Lo más sorprendente es que dicha ley, que obliga a la lectura de la biblia en las escuelas, haya sido promulgada en el primer gobierno de Leonel Fernández, un presidente que se supone tenía claridad sobre las características de una democracia moderna.

Esta ley fue aprobada en el año 2000 con el propósito de modificar la Ley General de Educación No.66-97. La misma establece que después del izamiento de la Bandera y entonación del Himno Nacional, se deberá hacer lectura de una parte del texto bíblico. Además, manda a impartir instrucción bíblica por lo menos una vez a la semana a partir de programas de enseñanza bíblica propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica (CODUE). Inconcebible en un Estado del siglo XXI, en donde si algo debe estar claro es la garantía de la libertad de los individuos y el papel de las iglesias, que no puede ser el de intervenir en las políticas públicas.

Lo anterior es reconocido en la Constitución cuando aborda el tema de los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas. En su artículo 45, la Constitución establece la libertad de conciencia y de cultos, la cual deberá ser garantizada por el Estado. Por tal razón, el reto fundamental hoy es cumplir con ese mandato y avanzar hacia la constitución de un Estado laico y aconfesional, no retroceder en esa materia. Si algo bueno tiene la resolución de los legisladores que llaman a aplicar la Ley 44-00 es recordarnos el dislate cometido en el 2000 y por lo tanto, que las instituciones políticas deberán proceder a enmendarlo.

La instrucción bíblica es tarea de las iglesias y de aquellas familias que profesan alguna religión. Imponerla de manera obligatoria en las escuelas es un atentado a la libertad y en tal sentido, una franca violación a la Constitución. Se deberá aprovechar este debate para que el Tribunal Constitucional revise la constitucionalidad de la Ley 44-00. Por otro lado, es conveniente que el Estado dominicano revise el Concordato suscrito con el Vaticano, lo que supone privilegios inaceptables para una confesión religiosa y entra en contradicción con el Estado laico, que en algún momento deberá consolidarse en la República Dominicana.

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