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El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003 con el propósito de promover una mayor conciencia social sobre este fenómeno e impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Según este organismo, la corrupción en el mundo es equivalente al 5% del producto interior bruto mundial. Por esta razón, no es de extrañar que este flagelo esté teniendo consecuencias negativas para la estabilidad política en diversos países.

Indicadores como el Índice de Percepción de la Corrupción o el Índice Global de Competitividad, colocan a la República Dominicana entre los países considerados con altos niveles de corrupción e impunidad. El estudio Latinobarómetro 2018 estableció que para el 77% de los dominicanos la corrupción aumentó en comparación con el año pasado. Esto coloca al país en segundo lugar entre aquellos que tienen una alta percepción de crecimiento de la corrupción, solo por debajo de Venezuela. En siete países de la región, incluyendo este, la corrupción está en primer y segundo lugar de importancia. Esto evidencia que la corrupción es un problema que preocupa cada vez más a la sociedad y por lo tanto, su solución debe ser parte de la agenda política.

Un dato relevante de la investigación citada, el cual llama poderosamente la atención, es la actitud de los ciudadanos ante la corrupción, la otra cara de la moneda. El anverso de este flagelo lo constituye el ejercicio de la política para el enriquecimiento ilícito y la captura de las instituciones. Respecto al comportamiento de los ciudadanos, el estudio estableció que la República Dominicana, junto a Honduras, ocupa el primer lugar en América Latina entre aquellos países que sus ciudadanos aceptan que se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país. El 56% de los dominicanos así lo creen. ¡Esto es muy grave!

Por otro lado, el 53% de los encuestados prefieren mantenerse callados cuando saben de un caso de corrupción. Es cierto que durante los últimos dos años la movilización ciudadana ha sido importante y que se hace presión por una justicia independiente en capacidad de castigar a los corruptos. Sin embargo, hay que ir más allá, llevando a cabo procesos de organización, educación y participación que hagan posible un cambio en las prácticas y actitudes de los ciudadanos frente a la corrupción. El proceso electoral venidero pondrá a prueba si algo ha cambiado; si realmente habrá algún costo político para aquellos candidatos que han tenido vínculos con prácticas corruptas. l

 

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