Lo que la ley ordene

Nuestro país pasó por una crisis electoral que inició con la rivalidad de los principales líderes del anterior partido de gobierno, que motivó la intención de imponer unas primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos que afortunadamente no pudieron aprobar como obligatorias y finalmente se celebraron solo para ese partido y el entonces partido de oposición, y que fue la justificación para que la Junta Central Electoral (JCE) rescatara su viejo proyecto de voto automatizado como única forma de poder asumir ese enorme reto.
Eso no solo significó un enorme gasto público, sino que como algunos presagiamos, terminó erosionando la credibilidad y confianza de los miembros de la anterior JCE, y acabó con un final muy infeliz, la inaudita suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 por fallas del voto automatizado, y en consecuencia, la necesidad de celebrar unas nuevas elecciones el 15 de marzo, lo que no solo ocasionó mayor gasto, sino que provocó una crisis política que se considera como la más grave desde la de 1994.

Todos recordamos que la Plaza de la Bandera fue el escenario para las protestas, inicialmente de jóvenes y seguida por ciudadanos de todas las edades, quienes durante días se manifestaron concentrándose a diario, protestas que se extendieron por todo el país y llegaron a distintas partes del mundo, donde reside la diáspora, exigiendo explicaciones claras sobre lo sucedido y lo gastado entre otros reclamos.

La celebración de las nuevas elecciones municipales coincidió con el anuncio del cierre de nuestras fronteras ante la amenaza de la pandemia y a pocos días de eso el inicio del estado de emergencia bajo el cual hemos vivido casi continuamente, que ha provocado una gran crisis económica. Más que nunca se requiere prudencia, moderación, racionalidad, transparencia en el gasto público, así como solidaridad por parte de todos, ante esta pandemia, pues las necesidades de la población son más imperiosas, las erogaciones del gobierno se hacen mayores ante el requerimiento del Plan Nacional de Vacunación, de las asistencias a la población más vulnerable, a los que han perdido sus empleos y a los sectores más afectados por la crisis, en adición al enorme reto que supone el aumento de los precios internacionales de materias primas y alimentos, entre otros, y el tiempo aún impredecible que tomará salir de la crisis.

El presidente Luis Abinader manifestó la necesidad de recortar las asignaciones presupuestarias a los partidos, lo que primeramente provocó pataleos que se lograron disipar ante la exposición pública de un hecho que los mismos partidos habían ocultado, la Ley 33-18 de Partidos solo dispuso la forma de distribución de la contribución económica, pero ni esta ni la Ley 15-19 de Régimen Electoral, establecieron un porcentaje específico a ser asignado a estos fines.

La nueva JCE luego de decidir sobre la forma de distribución de la contribución económica que ha generado múltiples recursos legales, solicitó a la Dirección General de Presupuesto entregarle los 1,260 millones de pesos para los partidos conforme lo aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2021, habiéndole respondido dicha Dirección a la Junta que en la referida ley se establece en el detalle de las apropiaciones en el número 98 que la partida denominada 4011- Transferencia de Fondo Especial Partidos Políticos es de RD$630,200,000.00, señalando que anexa una certificación emitida por la Cámara de Diputados a este respecto.

Ante la presión de los partidos opositores, el presidente del partido de gobierno ha anunciado que “el gobierno aceptó entregar los RD$1,260 millones” , alegando que “no está en el ánimo del gobierno contradecir ni entrar en enfrentamiento con los demás partidos de oposición, y mucho menos con una Junta Central Electoral nueva…”. Pero, la solución de esta situación no puede ser contradecir o no a los partidos o a la JCE, y mucho menos luego del despilfarro de recursos públicos en los últimos procesos electorales, de la histórica falta de transparencia de la gestión de la contribución económica de los partidos y la ausencia de control de esta por parte de la JCE, sino que debe hacerse lo que la ley ordene.

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