Una de las cualidades más importantes que debe tener un buen líder es saber escuchar los reclamos de la sociedad, sobre todo si estos son fundamentados, y por eso hay que celebrar que el Presidente haya decidido asumir una postura firme con relación a la discusión en curso en el Congreso sobre la eliminación de las disposiciones legales que permiten el matrimonio de menores de edad. Hace años que este tema viene siendo denunciado por organismos internacionales como la UNICEF y en los últimos meses distintas organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo una campaña para que se apruebe su eliminación, y recientemente el diputado José Horacio Rodríguez introdujo un proyecto de ley para modificar los artículos 144 y 145 del Código Civil para que la edad mínima para casarse sea igual para ambos géneros, actualmente es de 15 años para las mujeres, y eliminar la posibilidad de otorgar dispensas por padres y autoridades.
Este proyecto debe ser completado para que se deroguen también todas las disposiciones legales vigentes que permiten el matrimonio de menores de edad, como las de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil y la Ley 40-99, así como para modificar la aberrante disposición del artículo 356 del Código Penal que exime al mayor de edad que contrae matrimonio con la víctima menor de edad y para aumentar las penas previstas en el artículo 355.
Sin embargo, si bien es importante eliminar estas disposiciones de nuestro Código Civil del siglo XIX y todas las demás, no podemos engañarnos creyendo que esto es suficiente. Por el contrario, esta es la parte más fácil pero más reducida pues, aunque las estadísticas nos colocan bochornosamente en los primeros lugares en el mundo de uniones tempranas con una tasa de un 37%, y aunque no se tienen datos desglosados que detallen cuántos de esos casos son uniones libres y cuántos matrimonios, todos sabemos que la inmensa mayoría de esas uniones no son por matrimonio sino libres, lo que indica que el cambio legislativo es tan solo un paso.
Hay un aspecto fundamental que abordar que trasciende las menores de edad y afecta a mujeres de todas las edades, y es la alta tasa de irresponsabilidad paterna existente, pues muchos de esos hombres no solo se unen o embarazan a adolescentes, sino que las abandonan a su suerte mientras ellos van procreando hijos, sin pagar manutención ni ocuparse de ellos, lo que obliga a las madres muchas veces a buscar otras uniones como alternativa para lograr el sustento de su familia.
En consecuencia, debe profundizarse en las causas de estas uniones para poder disminuirlas, a la cabeza de las cuales está la pobreza, pero también normas sociales y culturales que toleran y hasta favorecen relaciones por conveniencia económica con personas de mayor edad, la falta de oportunidades pero también el debilitamiento de los valores, la tolerancia e impunidad frente a la falta de manutención de los hijos así como cualquier forma de enriquecimiento ilícito, así como el hecho de que penosamente la sociedad del consumo haya hecho más importante tener un celular inteligente, ropa a la moda o algún dinerito, que educarse para superarse y ganarse el sustento. Por eso es un signo esperanzador que finalmente se agregue a la discusión legislativa el tratamiento integral del tema con la creación del Gabinete de Niñez y Adolescencia presidido por la Primera Dama, e integrado por distintos ministerios como el de la Mujer, Salud, Educación, Trabajo, y otras instituciones como la Procuraduría. Ojalá que este gabinete aplique un verdadero plan de prevención a las uniones tempranas y los embarazos de adolescentes, pero también de persecución efectiva de la paternidad irresponsable, pues solo así disminuiremos el círculo vicioso de pobreza que condena y afecta a tantas mujeres en el país.
