Hace días la seguridad ciudadana permanece en las tendencias del país. El fenómeno no es nuevo. Cada tanto se repite un ciclo de pronunciamientos e indignación colectiva. Por lo regular ocurre algún hecho que genere el estallido mediático. En 2012 la causa fue el disparo que recibí de parte de unos asaltantes. Los hechos más recientes fueron protagonizados por la fuerza policial. En estos y otros casos se repite el mismo ciclo: titulares, indignación, pronunciamientos oficiales, demanda de políticas contundentes y olvido.
Desde hace más de diez años, la inseguridad ciudadana ocupa un sitial destacado en las preocupaciones de los dominicanos. Las noticias de situaciones de violencia contrastan con las cifras oficiales divulgadas hace unos meses, en las que se mostraban reducciones de hechos delictivos.
Emely Colón, profesora de Análisis de Beneficio/ Costo de Políticas Públicas dice: “Detrás de cada cifra estadística están las vidas de las personas”. Trato de tener en cuenta esta expresión mientras refiero dos escenarios:
Primero, de 2018 a 2021, cada año las muertes por armas de fuego superan el 50% del total de homicidios, exceptuando el 2019, que representó el 45%. Más allá de la indignación o el pesar que generan los números, queda un marco de preguntas abiertas.
¿Qué hace falta para impulsar una política más amplia de desarme? Hace unos meses el viceministro de control y regulación de armas y municiones, Víctor Castro, dijo a los medios que en el país hay alrededor de un millón de armas de fuego. De estas, cerca de 750 000 son ilegales. A marzo de este año había apenas 238 000 armas de fuego registradas, y solo 50 000 renovaban la licencia cada año.
Esas cifras tienen varias lecturas. Por un lado, la cantidad de armas de fuego en la República Dominicana equivale a más del 10 por ciento de la población total del país, en términos brutos. Por el otro, alrededor del 75% de las armas que están en manos de la población son ilegales, sin ningún tipo de registro o seguimiento de las autoridades.
Sin ánimos de ironía, genera un sentimiento de desolación ver que los resultados presentados por el reciente Plan de desarme impulsado desde el Ministerio de Interior y Policía celebran la recepción de 800 armas. Es un dato valioso, hay 800 personas que dejan de representar un peligro a la ciudadanía, aunque ¿cuántas de esas armas eran ilegales?
El segundo escenario tiene que ver con la Policía Nacional. Hace meses se creó la Comisión Especial para la reforma policial. El hecho es celebrado por la ciudadanía, con la salvedad de que la institución tiene que quitarse de encima tres lastres:
– La desconfianza de la población.
– El estigma de brutalidad y abuso.
– Y la percepción de violencia incontenible.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Policía Nacional ha sido causante de 4000 muertes. Muchas veces, estas muertes fueron ejecuciones tipificadas como intercambios de disparos.
En definitiva, quienes residimos en la República Dominicana esperamos dos respuestas impostergables de parte del Estado. ¿Qué más tiene que ocurrir para impulsar en serio el desarme de la ciudadanía? ¿Cuánto tendremos que esperar para contar con un órgano que cambie su “Ley y Orden” por “Proteger la vida”?
Esas son las únicas respuestas que permitirán que caminemos sin miedo. Harán que el uniforme policial no sea símbolo de inseguridad. Permitirán que desarrollarse en la República Dominicana implique un gasto menos. En otra ocasión hablaremos de la inversión que hacemos los ciudadanos para mitigar la percepción de vulnerabilidad por inseguridad.
