Algunos periódicos han publicado la “noticia” de que “el Gobierno invierte mensualmente más de 203 millones de pesos en pensiones solidarias a lo que se conoce como las famosas botellas”.

Si la “noticia” se hubiera quedado ahí, sería el enunciado de una más de las declaraciones infundadas de un pasado opositor que inventa cada día todo tipo de mentiras, que busca publicar en los periódicos para que se las “legitimen”, o al menos parezcan verdades.

Pero ocurre que la tal “noticia” publicada sin citar los fundamentos en que se basa dice, refiriéndose a las supuestas botellas pensionadas por el gobierno que:

“Los Bot de redes sociales reciben 10 mil pesos, los que cargaban una bandera 20 mil, los que llenaban guagua con 30 mil, los coordinadores con 40 mil y los que iban hacer bulla en New York con 50 mil”.

La “noticia” es atribuida al diputado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Luis Henríquez, y fue apoyada incluso con video en algunos periódicos. Pero no se establece el origen, y en consecuencia el fundamento de esa relación “presentada” por el “denunciante”.

Los periódicos que publican la “noticia” no informan si los datos de esa relación están contenidos en un decreto, un informe, una filtración o alguna otra documentación que asegure la certeza de la denuncia.

Esa “noticia” parece salida del mismo laboratorio informativo que originó la “información” servida a la opinión pública nacional y al mundo de que la Policía Nacional sometió a la sede nacional del PLD a un intenso ataque con bombas lacrimógenas, para impedir un segundo intento de asalto al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los “denunciantes” nunca mostraron un video, una foto o algún testimonio de que en la ocasión fuera lanzada una sola bomba o una esquirla de ese artefacto en el local nacional del partido opositor.

Al secretario general del PLD lo pusieron a mostrar parte de las restos de lacrimógenas lanzadas a los manifestantes que marchaban al recinto judicial, pero nunca fue presentada evidencia de ataque policial alguno al local político.

Esos dos testimonios deben aleccionar a los consumidores de noticias de que no todo lo que se publica es información real, esa que alguien consideró la más valiosa mercancía en la sociedad democrática.

Vivimos en el mundo de la posverdad, definida por la Real Academia Española como “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

La opinión pública dominicana está saturada por fake news o falsas noticias originadas con fines políticos y mercuriales, en una situación en que la irrupción de las redes sociales y el llamado periodismo ciudadano han empujado a algunos medios a un agónico amarillismo sensacionalista como recurso para sobrevivir.

Somos víctimas de un pasado político que tras someter al país durante 20 años a una ermita de corrupción, impunidad y desguañangue institucional, ahora da zarpazos para tratar de evadir sus responsabilidades estafando con mentiras a la gente.

Nadie se deje engañar de estos tunantes, cuyos asociados procesados en los tribunales ya están devolviendo bienes mal habidos, admitiendo sus culpas y acusándose uno a otros de corruptos.

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