Basta con tener dos dedos de frente para entender que no es aconsejable insistir en reformar la Constitución en momentos en que ya el calendario electoral está programado y empezó a correr, con un ambiente sumamente enrarecido por la ríspida pugna entre los dos líderes del partido oficial que persiste y aumentó, luego de que el presidente hiciera pública su decisión de no buscar modificar la Constitución para reelegirse, y a un año de que se designen nuevas autoridades.
La sensatez impone que cualquier modificación a la Constitución deba ser efectuada por las nuevas autoridades a ser electas el próximo año, luego de que se agote un serio proceso de consulta pública de todos los sectores nacionales y se arriben a grandes acuerdos, para que haya la debida confianza y credibilidad en el proceso y sus actores, y sobre todo, niveles adecuados de serenidad y racionalidad, pues en medio de una contienda electoral intensa y que se entiende lo será cada vez más, las pasiones políticas y los intereses coyunturales nublan las razones y desnaturalizan la búsqueda del interés colectivo.
La Constitución vigente fue aprobada en 2010 y modificada en el 2015 para permitir la reelección del presidente Medina por prácticamente los mismos legisladores actuales, y fue impulsada por el partido oficial y promovida por su liderazgo y por los congresistas como la más avanzada de la región latinoamericana. Pero resulta que ahora nos quieren hacer creer que es urgente modificarla para unificar las elecciones municipales a ser celebradas en febrero próximo con las presidenciales y congresuales.
Sería una muestra de esquizofrenia legislativa, que los congresistas que entendieron era el sentir de la población unificar las elecciones presidenciales y congresuales que la Constitución de 1994 ordenó celebrar separadamente cada dos años, lo cual fue un error, pero que decidieron mantener separadas, aunque en un mismo año, las elecciones municipales, eliminen este sistema sin haberlo siquiera puesto a prueba, y para el cual tuvimos 10 años para prepararnos.
Lo más insólito es que los que pretenden justificar ahora la unificación de las elecciones por su alto costo, son los mismos que establecieron altísimos topes de gastos de precampaña y campaña en las leyes de partidos y electoral, y quienes cuando se les atacaba por el elevado gasto de las primarias abiertas obligatorias que pretendían imponer, primero mintieron diciendo que los partidos correrían con el mismo, y luego argumentaron que ese era el costo de la democracia.
También son los mismos que no cedieron en sus propósitos cuando se les decía que la celebración de primarias abiertas obligatorias era añadir prácticamente una elección nacional más a las tareas de la Junta Central Electoral, que tendría que celebrar las elecciones de febrero, las de mayo y una posible segunda vuelta en junio; las que no lograron imponer.
Afortunadamente en medio de la irracionalidad emergen voces sensatas no solo desde la sociedad civil sino desde el seno del propio gobierno, como la del Ministro de Economía, quien rechaza la unificación de las elecciones municipales, calificando su separación como un “gran avance de nuestra democracia”, y recordándonos que debemos avanzar hacia un Estado más descentralizado, como ordena la Constitución, lo que al parecer los congresistas olvidan.
No nos dejemos engañar, pues las voces que claman la reforma no dan puntadas sin hilo, y lo que persiguen es intercambiar a conveniencia la habilitación del presidente para el 2024, fecha en la cual tendría 73 años, dos mandatos y un intento perdido, en vez de pensar en fortalecer el sistema de dos mandatos y nunca más, bajo la supuesta justificación de unificar unas elecciones, de las cuales tampoco preocupa el costo como muchos alegan, sino el hecho de que pueden ser un anticipo del resultado de mayo, y eso preocupa a más de uno.
