En mayo, cuando arreciaba la campaña del PLD y la Fuerza del Pueblo para que la JCE no cumpliera la disposición legal, acordada por todos los partidos para que sólo pudieran reservar el 20% en todos sus niveles de elección, Leonel Fernández lideró una campaña para que no se cumpliera esa disposición.

Ahora la JCE es objeto de otra campaña de chantaje que lidera Leonel dirigida a regular los plazos que organizan la propaganda en la precampaña electoral.

Leonel y el coro que le hace el PLD alegan que esa regulación, que firmaron todos los partidos, también la FUPU, es inconstitucional, ilegal y que de nuevo lo que es igual para todos los partidos, es desigual para ellos.

En realidad Leonel no puede competir en un marco en que la legalidad es igual para todos, porque él se hizo presidente en tres ocasiones comiendo con la dama de tener el control absoluto de la JCE.

Eso lo heredó del expresidente Balaguer que siempre jugó con la ventaja de controlar el aparato electoral. Por eso, para cerrarle el paso a la Presidencia a José Francisco Peña Gómez e imponer a Leonel Fernández puso como condición que sus cuadros electorales manejaran las mesas electorales.

Leonel aprendió la lección. Y a partir de ahí centró todo su poder en secuestrar los poderes del estado y ponerlos al servicio de sus fines políticos.

Uno de esos secuestros se dio con la JCE que, por requisitos constitucionales y su condición de árbitro de los torneos electorales debe ser estar libre del partidismo político.

En buena parte de los 20 años de gobierno del PLD la directiva y la estructura burocrática de la JCE permaneció bajo la jefatura de altos dirigentes peledeístas, entre los más notorios el señor Roberto Rosario, su presidente, quien ejerciera a su entera y politizada discreción las funciones de presidente del organismo.

Rosario fue destacada figura del peledeísmo antes de entrar a la JCE, durante su presidencia en el organismo electoral y desde que salió de ella pasó a integrar el Comité Central peledeísta, hoy del fupusismo.

Otra figura importante del peledeísmo en la JCE fue Ruth Lizardo, influyente dirigente del PLD, colocada como directora de Recursos Humanos, para que ese partido reclutara y designara a quienes integraban todo el tren burocrático, técnico y administrativo de la entidad. El control omnímodo que tuvo el PLD sobre la JCE le permitió manejar a su conveniencia todo el curso de la organización y el flujo de emisión y escrutinio de los votos que concluían en los resultados de las elecciones.

Acostumbrados a ser ley, batuta y Constitución en la JCE, hoy se resisten a aceptar una directiva que no está a su servicio sino de lo que dicta la normativa y el mandato constitucional que la obliga a organizar elecciones libres, justas, transparentes y objetivas, sin la influencia de “la mano larga” que en su tiempo denunciaba el licenciado Hatuey De Camps.

Ahora hablan de crisis electoral, vuelven a insinuar crisis de gobernabilidad, que como se denunciara financian y atizan tras bastidores. Ni la JCE ni la sociedad deben dejarse chantajear por quienes, ya se demostró en sus guerritas contra el ministerio Público independiente, no son tan fieros leones como se pintan.

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