Mañana habrá muchísimos mensajes de redes sociales que aludirán al Día Internacional de la Discapacidad, como cada tres de diciembre. Y está bien que una vez al año nos acordemos del tema y lo visibilicemos. Pero, también estaría bien preguntarnos francamente dónde estamos y qué tanto se ha logrado.
Hagamos un breve balance de lo que tenemos. A nivel cultural, el mejor síntoma de estado de las cosas es un comentario que alguien puso en una publicación que hice hace poco. Hablaba de accesibilidad en la vía pública, y alguien comentó: “Y qué busca un ciego en la calle”.
Obviamente, no pretendo utilizar esa anécdota como indicador estadístico. Pero, la respuesta diaria que recibo en mis diferentes gestiones, sí me da una idea de cuánto nos falta por avanzar.
Así, en lo educativo, lo económico y lo político tenemos importantes brechas que superar. Según la encuesta ENHOGAR 2021 de la Oficina Nacional de Estadística, alrededor de 4.9 por ciento de la población de cinco años o más presenta alguna discapacidad. Ese porcentaje escala hasta un 22.4 por ciento entre las personas de 65 años o más. Aquí hago un breve matiz, uso estos datos por ser los más recientes, pero se contradicen con los del censo nacional de población y vivienda de 2010, en el que se indicaba que la población con discapacidad en nuestro país es de 12.41%; pero, esa es conversación de otro artículo.
La prevalencia de discapacidad es ligeramente mayor en mujeres que en hombres. Las cifras cambian según la región y el entorno: las áreas rurales muestran una tasa de discapacidad de 5.6 por ciento frente al 4.8 por ciento en zonas urbanas. Otras regiones del país como Valdesia, Higuamo o partes del Cibao reportan prevalencias superiores al promedio nacional. En ese contexto, los datos disponibles muestran que muchas personas con discapacidad enfrentan exclusión educativa o laboral. En hogares priorizados por programas de protección social, 92.4 por ciento de jóvenes con discapacidad entre 5 y 21 años no asiste a la escuela. Entre adultos con discapacidad, una proporción significativa no sabe leer ni escribir. Por su parte, más de ocho de cada diez personas con discapacidad de 18 años o más están fuera del mercado laboral o en empleos inestables, informales, ocasionales o temporales. Estos son datos del estudio sobre el estado de situación de las personas con discapacidad, elaborado por el SIUBEN y el PNUD en 2021.
De cualquier modo, sí es cierto que ha habido avances importantes. Ayer el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) anunció el Plan de Discapacidad 2025–2035. Esa hoja de ruta, por primera vez, fija una estructura de políticas con plazos definidos para mejorar servicios, protección social, accesibilidad y derechos.
Igualmente, en materia de protección social, laboral y educativa se han adoptado políticas puntuales. El Gobierno reportó en 2025 la inserción de más de 400 personas con discapacidad en el mercado laboral a través de programas de inclusión. Se ejecuta un fondo destinado a niñez y adolescencia con discapacidad, que beneficia a miles de hogares con subsidios regulares. Hay avances en servicios educativos inclusivos, adaptaciones razonables y en la certificación de personas con discapacidad para acceder a apoyos especializados.
Con todo, la gran deuda del país es la falta de representatividad. Hasta ahora no se registra con claridad una persona con discapacidad ocupando una posición de mando medio en las entidades estatales. En algunos casos, profesionales con discapacidad han renunciado ante la falta de posibilidades reales de ascenso o por barreras institucionales persistentes.
Hace poco, durante mi graduación de la maestría en diplomacia y servicio consular del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) escuché unas palabras de la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline DeLima Baril. Ella destacó cómo en Canadá la representación de todos los grupos poblacionales en cargos públicos enriquece la capacidad de respuesta ciudadana. Habló del aporte multicultural y de diversidad como valor para la gobernabilidad y la inclusión.
Me pareció importante su reflexión. Con unos mínimos de representatividad como esos, la República Dominicana podría transitar por otra ruta. Si eso ocurriera, las publicaciones de mañana tendrían razón de ser. Serían motivo de celebración. No solo un recordatorio de que todavía tener una discapacidad en este país implica una condición de vulnerabilidad, exclusión, pobreza o desventaja.
