Principio de economía y flexibilidad en la Ley No. 47-25

Los principios de economía y flexibilidad constituyen dos pilares esenciales que redefinen la lógica de las compras públicas bajo la Ley No. 47-25. Desde esta perspectiva, el sistema de contratación estatal se concibe como un espacio donde las reglas del juego deben ser claras, precisas y orientadas al interés general, superando la antigua visión mecánica de adjudicar únicamente a quien ofrezca el precio más bajo.

En ese sentido, el numeral 1 del artículo 4 lo declara con contundencia:

“Las normas establecerán reglas claras y objetivas para asegurar la selección de la propuesta evaluada más conveniente técnica y económicamente; además, se contemplarán regulaciones que contribuyan a una mayor economía en la preparación de las propuestas y de los contratos”.

Este mandato normativo introduce una visión estratégica mediante la cual se persigue: seleccionar la propuesta más conveniente exige una evaluación donde predominen el costo-beneficio, la calidad, la durabilidad y la sostenibilidad. La economía, entendida en su sentido más elevado, no es ahorrar por ahorrar; es invertir con inteligencia.

En relación con el principio de economía, este apunta a la maximización del valor por dinero, lo que supone que la adjudicación no puede descansar exclusivamente en el precio más bajo. La oferta ganadora debe ser aquella que, en su conjunto, represente la mayor conveniencia para el Estado, considerando calidad, costos de mantenimiento, vida útil, pertinencia técnica y todos los elementos que influyen en el desempeño real del bien o servicio contratado. Este principio se enlaza íntimamente con la eficacia y la eficiencia.

En ese mismo orden, el principio de flexibilidad invita a la administración a evitar procesos rígidos, o complejos. Implica la capacidad de ajustar los procedimientos según la naturaleza del contrato, la disponibilidad de bienes y servicios y las circunstancias del entorno económico. Flexibilizar no es debilitar el control, es utilizar modalidades de selección que respondan a la realidad del mercado sin renunciar a los valores esenciales del sistema: transparencia, objetividad, igualdad y competencia.

En conclusión, la economía y la flexibilidad se revelan como dos caras de una misma visión moderna de las compras públicas. Su propósito es claro: asegurar que el Estado elija la mejor oferta posible, aquella que verdaderamente responda a sus necesidades y genere el mayor valor para la sociedad. Ambos principios, actuando en conjunto, impulsan una contratación pública más inteligente, más estratégica y alineada con el interés general.