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“El avance de la democracia se medirá por la conquista de los espacios que hasta ahora están ocupados por los centros de poder no democráticos”
Norberto Bobbio

Digamos para empezar, a propósito de la cita de Bobbio, que quien escribe no está en absoluto apostando al “avance de la democracia”. Más bien espera, y desespera, por el surgimiento de “otra democracia”.

Digamos también -Argentina y El Salvador pueden servir de referencia- que el neoliberalismo no es democrático, que no apoya ni aspira a ningún tipo de democracia. Por el contrario, se siente cómodo en las dictaduras, en la destrucción de las organizaciones populares, en los acuerdos público–privados, en la privatización de los derechos, asuntos por los que nadie votaría. Para el neoliberalismo no se trata de la soberanía popular, se trata de la máxima ganancia.

La institución estrella para el sistema neoliberal, el indicador demoledor de que todo funciona, han sido las elecciones. Hasta tal punto es así, que algunos han intentado justificar el genocidio en Gaza recurriendo al argumento falaz de que Israel es la única democracia del Medio Oriente porque allí se celebran elecciones. Frente al hecho indesmentible de que las elecciones comienzan a dar señales de agotamiento, es inevitable intentar identificar los principales síntomas de ese agotamiento y cuáles medidas pueden contribuir a su alivio. En el largo plazo hay que insistir en la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de “contratos” en la cesión de la soberanía y en la representación.

Un síntoma inequívoco del cansancio democrático es la baja participación en los eventos electorales. Y es que mientras no se ataquen los problemas estructurales del sistema político sólo será posible recurrir a algunos remedios legales como instaurar el voto obligatorio. Como ejemplo, el paso del voto voluntario a voto obligatorio en Chile supuso un aumento del 35% en la participación de electores. Esto es importante tenerlo en cuenta aun cuando estamos comparando elecciones muy distintas.

En República Dominicana llaman la atención varios estudios sobre su sistema electoral que establecen que, si bien constitucionalmente el voto es obligatorio, el no ejercicio del voto no es sancionado. Eso se llama impunidad. Es decir, el Estado renuncia a sancionar el incumplimiento de una norma legal.

Es obvio que los autores de los estudios que recordamos establecen que el voto en República Dominicana es obligatorio porque el sufragio está en el listado constitucional de los derechos (por lo tanto, irrenunciable) y entre los deberes (por tanto, sancionable). A lo mejor para resolver esta falta bastaría una resolución de la Junta Central Electoral estableciendo el monto de una multa y prohibiciones de realizar algunos trámites en organismos públicos durante un plazo razonable para que la abstención fuera menor y la legitimidad de las autoridades fuera mayor. No se le escape a nadie que ante un escenario potencial como el planteado, la compra de cédulas se haría imposible, mejorando también la moralidad política siempre tan necesaria.

Nadie puede asegurar que este tipo de medidas resuelve la “crisis de la política” pero sería un paso de avance para superar los efectos destructivos del “presidencialismo monárquico” existente en nuestra América, así como las lamentables e inadecuadas reelecciones en períodos consecutivos. Es seguro que ese tipo de medidas no salvan la crisis democrática que nadie discute, pero sin duda ayudarían en el largo y desafiante proceso de construcción de otra democracia.

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