“La emisión de un sello postal en Santo Domingo, mostrando un mapa que situaba la frontera entre las dos naciones adentrándose considerablemente en territorio haitiano, casi desata una guerra entre ambos países. Dado que la línea fronteriza había sido alterada en múltiples ocasiones debido a disputas entre las repúblicas tropicales, la situación se tornó bastante seria; […] solo la presencia de marines estadounidenses en ambos territorios evitó un enfrentamiento directo entre los dos gobiernos. El conflicto eventualmente se resolvió por medio de un tratado, y tal fue el alivio de ambas naciones, que cada una emitió un sello postal conmemorando el acuerdo.”
El pasaje anterior, extraído del artículo “Merely Postage Stamps”, publicado por la revista Esquire en octubre de 1935, hace referencia al Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambos países en 1929. Casi un siglo después, la frontera dominico-haitiana se encuentra nuevamente en una encrucijada de desafíos y conflictos, enmarcados en una crisis sociopolítica inédita en Haití, sumiendo el futuro inmediato de ese país, así como nuestras relaciones bilaterales, bajo un manto de incertidumbre. Cabe preguntar, ¿cómo llegamos hasta aquí?
Hace cuatro años, en diciembre de 2019, justo cuando China reportaba los primeros casos de Covid-19 y la República Dominicana se preparaba para un proceso electoral, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de E.E.U.U. convocó a una audiencia con expertos titulada: “Haití en el Precipicio – Evaluando la Política Estadounidense Hacia un País en Crisis”.
Los informes resultantes no solo diagnosticaban el estado crítico de Haití en aquel entonces, sino que también lanzaban una alerta a la comunidad internacional sobre una crisis sin precedentes en el único estado fallido del hemisferio occidental. Destacaban las protestas masivas, la inestabilidad política, la severa escasez de alimentos y combustible, y un declive económico acelerado, anticipando un posible colapso social.
Con la crisis haitiana en continuo deterioro, abril de 2021 marcó el inicio de un conflicto bilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano (MIREX) denunció la construcción de un canal en el río Dajabón y exigió su paralización inmediata. Se argumentó que este proyecto no solo ignoraba los principios de cooperación bilateral, acordados en una declaración conjunta suscrita meses antes por los mandatarios de ambos países, sino que también contravenía el Tratado de 1929, referenciado al inicio y el cual, con casi un siglo de antigüedad, aún rige el uso de los recursos hídricos compartidos.
En los meses posteriores a esa controversia, Haití enfrentó una secuencia de crisis in crescendo que agravó aún más su situación, siendo la primera el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021, el cual evocó el asesinato del presidente haitiano Vilbrun Sam en julio de 1915. Al igual que aquel episodio, el vacío de poder resultante desencadenó una profunda crisis política que requirió de una intervención internacional para su estabilización: en el caso de Sam, culminó en la primera ocupación militar estadounidense en Haití, mientras que hoy día se apela a una misión desde Kenia. Mark Twain no lo pudo haber dicho mejor: “la historia rara vez se repite, pero a menudo rima”.
Posteriormente, a tan solo un mes del magnicidio, y en plena crisis sanitaria debido a la pandemia, Haití sufrió el terremoto más devastador del año 2021, seguido de una tormenta tropical que impactó en la misma zona afectada, amplificando el colapso de una región en ruinas. Al año siguiente, como en muchos países, Haití sufrió el impacto del aumento global en los precios de alimentos y combustibles, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta sucesión de calamidades dio paso al fortalecimiento de grupos armados que, evocando la memoria de los infames Tonton Macoute, continúan aterrorizando a la ciudadanía y, según reportes, desde hace meses controlan más del 90% de la capital.
Se dice que después de la guerra todos somos generales. Sin embargo, en retrospectiva, la secuencia de crisis que atravesó Haití debió haber servido como una advertencia inequívoca sobre el peligro inminente a nuestra seguridad diplomática. Esto es, mientras se agudizaba la crisis, crecía el riesgo de que comenzaran a violarse los tratados y acuerdos bilaterales existentes, como eventualmente ocurrió en septiembre del año pasado -veintinueve meses después del comunicado del MIREX que exigía la paralización de las obras-, cuando al otro lado de la frontera se reanudaron los trabajos para conectar el canal al río Dajabón.
A pesar de que Haití ha enfrentado calamidades cada vez más severas en estos últimos cuatro años, la República Dominicana ha mantenido un rumbo estable y sostenido. En ese período, el país ha sido líder de crecimiento económico en Latinoamérica y ha atraído niveles récord de inversión extranjera. En adición, la gestión macroeconómica y el fortalecimiento institucional han sido destacados, tanto a nivel de agencias calificadoras como organismos multilaterales.
En marcado contraste, previo a la pandemia, el PIB per cápita de Haití permanecía estancado durante más de sesenta años, registrando niveles inferiores a los de países de África Subsahariana como Uganda, Chad y Etiopía, mientras que el de la República Dominicana se había multiplicado por diez en el mismo período. Esta divergencia es tan pronunciada que, a nivel mundial, solo países fronterizos como Arabia Saudita & Yemen y las dos Coreas, registran una disparidad mayor en el índice de desarrollo humano que la existente entre R.D. y Haití, con el agravante, por supuesto, de que nuestras fronteras son las únicas que comparten una isla.
A medida que R.D. continúe creciendo y la situación de Haití empeore, estas diferencias seguramente se pronunciarán aún más, a corto y mediano plazo. De hecho, las proyecciones del FMI sugieren que República Dominicana obtendrá el mayor crecimiento del PIB per cápita de todo Latinoamérica durante la década 2019-2028 y logrará posicionarse con el cuarto mayor indicador de la región para entonces. Evidentemente nos encontramos ante senderos que se bifurcan, uno de progreso sostenido, otro de volátil incertidumbre.
Algunos podrían interpretar la crisis actual como parte de un bucle histórico, adhiriéndose a la creencia de que ‘los vecinos siempre han estado en crisis’. Permítanme contrariar. Pienso que esta vez es distinto. Los desafíos emergentes al otro lado del Masacre no solo varían en su naturaleza sino también en su complejidad, configurando un espectro de riesgos con pocos precedentes en nuestra historia compartida.
Este cambio no ha pasado inadvertido a nivel internacional; por ejemplo, el informe de riesgos anual del Foro Económico Mundial del mes pasado identifica la ‘migración involuntaria’ como uno de los cinco riesgos principales para la República Dominicana en los próximos dos años. Además, enfrentamos una amplia gama de desafíos que van desde la criminalidad transfronteriza y tensiones étnicas dentro de nuestro propio territorio, hasta nuevas disputas diplomáticas, amenazas ambientales, y el potencial deterioro de nuestra reputación e imagen en la arena internacional.
Además, es crucial considerar posibles ‘cisnes negros’ —eventos impredecibles con consecuencias extremas—como la creciente influencia del islamismo al otro lado de la isla, asociada en sus versiones más radicales con violencia extremista. Otros incluyen el riesgo de que el crimen organizado convierta en objetivo de sus actividades ilícitas zonas turísticas emergentes cerca de la frontera o infraestructura privada, como naves industriales, amenazando la inversión extranjera, incluyendo la dominicana, en la región. También se abre la posibilidad de una crisis humanitaria a gran escala y su potencial para desestabilizar aún más la región fronteriza.
Estas amenazas, dada su singularidad, sin duda exigirán una revisión en la manera en que se aborda la política de estado hacia Haití, dando prioridad a un enfoque de gestión de crisis que integre soluciones innovadoras, sostenibles y pragmáticas.
Un elemento clave será continuar el uso estratégico del poder blando (soft power) mediante un liderazgo proactivo en foros globales que faciliten la internacionalización del problema, tal como lo han demostrado el presidente Abinader en la ONU y el canciller Alvarez en la OEA.
Dado que la gestión de los límites fronterizos es una responsabilidad soberana que debe estar alineada con los valores y objetivos de cada Estado, es imprescindible dar prioridad al fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Esto permitirá gestionar de manera efectiva el cruce no autorizado de individuos y mercancías, al mismo tiempo que se garantiza un tránsito eficiente de bienes y personas legítimas. La asignación continua de mayores y mejores recursos para la seguridad de la frontera debe ser destacada como una prioridad dentro de la reestructuración del gasto público, especialmente en el contexto de una eventual reforma fiscal.
Por otro lado, partiendo del principio de que los recursos otorgan derechos, es necesario que las autoridades consideren la política de no participación de organismos internacionales en la frontera, así como la abstención de implementar proyectos financiados externamente en esa área. Esto incluye la decisión de no establecer campamentos de refugiados o infraestructuras de apoyo a Haití en territorio dominicano. Estas medidas son cruciales para proteger la integridad territorial, mitigar el riesgo de desestabilización interna y garantizar la no injerencia de actores externos en asuntos fronterizos.
Dada la singularidad de las amenazas vigentes y potenciales provenientes de la incertidumbre al otro lado de la frontera, el momento es oportuno para que las autoridades establezcan un Centro Aplicado de Estudios Estratégicos sobre Haití, tomando como referencia instituciones de prestigio internacional como el Center for Strategic and International Studies (CSIS) en E.E.U.U. y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en España.
El objetivo de dicho centro, dotado de un equipo multidisciplinario —incluidos expertos en teoría de juegos, inteligencia y seguridad, sociología, relaciones internacionales, así como un consejo de historiadores aplicados—, sería promover una comprensión integral de la dinámica bilateral entre la República Dominicana y Haití, operando como un núcleo central de inteligencia con la tarea de levantar y administrar datos que informen la toma de decisiones, enfocado en identificar, monitorear y evaluar los riesgos latentes, así como diseñar protocolos de respuesta ante la materialización de los mismos. Similar en importancia a cómo el Banco Central asegura la estabilidad macroeconómica, este centro se establecerá como pilar estratégico para la seguridad nacional y la estabilidad diplomática, actuando de manera autónoma para garantizar análisis imparciales basados en evidencia, que contribuyan al diseño de estrategias efectivas para enfrentar los desafíos presentes y futuros.
El legado del presidente Horacio Vásquez incluye la negociación con Haití de un acuerdo que, exceptuando por el dantesco shiboleth de 1937, permitió cerca de cien años de paz entre ambas naciones.
Ante las favorables perspectivas de crecimiento sostenido y desarrollo de R.D., uno de los legados más importantes que podrían proponerse las autoridades vigentes podría ser sentar bases para la cohabitación pacífica, la cooperación y el entendimiento mutuo, durante cien años más.
