Dentro de las justificaciones que establece el proyecto de reforma a la Constitución, nos llama la atención lo descrito en el considerando segundo, que postula lo siguiente:
“Que, a más de 10 años de proclamada la última reforma integral a la Constitución de la República, es evidente la necesidad robustecer el sistema de controles que opera sobre los poderes del Estado, a los fines de garantizar la plena aplicación del principio de separación de poderes”.
En el referido considerando, se plantea la necesidad de robustecer el sistema de controles que opera sobre los poderes del Estado. En ese sentido, como hemos planteados en artículos anteriores publicados en este prestigioso medio, en fecha 7 y 14 de marzo respectivamente, cuando se habla de controles hay que hacer referencia a los que son ejercidos por: la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Poder Legislativo, y la ciudadanía en virtud de lo que establecen los artículos 246, 247 y 248 de la Norma Suprema.
En este contexto, indefectiblemente, hay que hacer referencia a que la Constitución actual establece reserva de ley absoluta para el Poder Legislativo, orientada a fortalecer, precisamente, la institucionalidad. Sin embargo, hasta la fecha, hay varios anteproyectos de ley, de suma importancia, pendientes de aprobación.
En ese orden de ideas, en el texto constitucional se les ordena a los legisladores aprobar las siguientes normas: derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, responsabilidad y transparencia fiscal, fiscalización y control del Congreso Nacional, jurisdicción contenciosa administrativa, referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, entre otros, que permitieron en varias legislaturas.
Partiendo de lo expresado precedentemente, entendemos que antes de abocarnos a realizar una nueva reforma al texto constitucional, nuestros legisladores deberían completar la labor de los asambleístas que participaron en la modificación de la Constitución en el año 2010. Toda vez, que, con las normas pendientes de aprobación, se robustecerá la Ley Suprema en lo que respeta a los controles, a que se hace referencia en el considerando segundo del referido proyecto.
En resumen, somos conscientes de la necesidad que existe en el país de mejorar los controles internos y externos, la calidad de la democracia, y de la institucionalidad. Sin embargo, no podemos aspirar a construir un edificio, si aún no se ha creado una buena base (zapata) que sustente la construcción de la obra que se pretende edificar.
