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Diversos sectores de la sociedad dominicana han expresado abiertamente sus quejas respecto al sistema judicial de República Dominicana. Asociaciones empresariales, ONG’s, comunicadores, abogados, dirigentes políticos han manifestado una gran preocupación por la desconfianza de la población en la impartición de justicia en el país y algunos incluso han utilizado duros calificativos para referirse a jueces y fiscales.

Y si bien algunas de estas declaraciones tienen fundamentos, resulta paradójico que muchos de los que hoy quieren cuestionar el sistema brillaron por su ausencia en los momentos en que se debatieron temas tan esenciales como la posibilidad de un Procurador General que no fuese designado por el Poder Ejecutivo o, como se debatió entre 2010 y 2011, modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del cual depende de forma casi absoluta el potencial de independencia e imparcialidad de los elegidos.

De hecho, unos cuantos de los que hoy se quejan fueron cómplices de la forma en que se decidieron, atendiendo a intereses y favores políticos, quiénes conformarían las altas cortes de una nación cuyo sistema es completamente vertical y cuyas cabezas responden aún en la actualidad en gran medida a los pasados Presidentes del país.

Como la fiebre no está en la sábana, poco se resuelve hoy con cuestionar algo que nació dañado y cuyo saneamiento depende únicamente de su destitución. Si no se corrige el problema desde la raíz cambiando la manera en que está conformado el órgano hoy eminentemente político que elige los jueces, aunque eventualmente el partido en control pueda cambiar dependiendo de la correlación de fuerzas en un momento determinado, el problema de esta camaleónica cabeza del Poder Judicial seguirá siendo el mismo, sin importar cual sea el Gobierno de turno.

Por tales motivos, si no se trata únicamente de una estrategia mediática para hacer ruido por parte de aquellos que hoy se quejan de los actores, si hay una intención real de mejorar el sistema judicial dominicano, lo más aterrizado y pragmático que pueden hacer los grupos interesados en esto es exigir una reforma constitucional conducente no sólo a formalizar la independencia del Procurador General de la República, sino también a variar la composición del CNM para ampliar su radio de acción, sacarlo un poco de los partidos y con esto tratar de lograr una justicia menos dependiente y menos politizada. Lo demás es discurso, razonable y bien estructurado, pero un poco populista porque en realidad no conduce a resultados palpables.

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