Hace unas semanas, le vendamos los ojos a la comunicadora Larimar Fiallo y nos fuimos a caminar con ella por el centro de la ciudad. En el camino fue conversando con la abogada Katherine Flete, quien le explicaba cuáles son las barreras que impactan a toda la ciudadanía en materia de accesibilidad.
Larimar hizo una pregunta que suele hacerse poco: ¿cómo se hacen las personas ciegas de estatura alta para protegerse? Katherine le contestó “que Dios los ayude”. Y a modo de chiste, le advirtió de los riesgos que suponían los cables extensores de los postes de luz. Como si esto fuera una invocación, pocos minutos más tarde ambas se encontraron con uno de estos cables.
Sin embargo, el mayor riesgo al que se expusieron fue el hueco de una construcción que ocupaba parte de la zona de tránsito peatonal, con unas medidas endebles de protección. Y aquí tenemos que volver a referirnos a lo peligrosa que es la ciudad para toda la ciudadanía.
Hace sólo meses que el país se indignó por la forma en la que varias personas perdieron la vida al accidentarse con una construcción en estado similar. Las instituciones de lugar hicieron los anuncios pertinentes; los empresarios de aquel proyecto probablemente enfrentaron alguna demanda y pasamos a otra cosa.
Pero ese pasar de página deja abierta una amenaza continua para todas las personas. Larimar y Katherine exploraban las calles con unas medidas mínimas de seguridad, pero la situación de una madre a la que su hija se le escape corriendo de pronto, un par de estudiantes que regresen bromeando del colegio, una adulta mayor que se distraiga por un instante son potencialmente mortales.
En los últimos 30 años el Gran Santo Domingo ha experimentado un crecimiento importante a nivel vertical y de densidad poblacional. Y parte de este se evidencia en la cantidad de edificaciones que se realizan de forma continua en las demarcaciones que componen esta zona.
Así, el 58.3 por ciento de la actividad de construcción del país se realiza en la región Ozama, que incluye el Gran Santo Domingo. En números absolutos, el país cerró el 2023 con 9,433 edificaciones realizadas por el sector privado. Esto representa un 11.95 por ciento más que en 2022; y la expectativa es que el sector de la construcción continúe creciendo.
De hecho, es necesario que se siga afianzando su crecimiento para facilitar la infraestructura necesaria para que el país alcance las metas de desarrollo económico que se ha propuesto. Basta con recordar, que tras el estancamiento de la economía, a causa de la pandemia, una de las recomendaciones hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue invertir en infraestructura, debido a que este sector es uno de los principales empleadores y todo lo que implican las construcciones en términos de dinamismo.
Y si se considera el promedio de crecimiento económico anual de la República Dominicana en los últimos 25 años, es razonable asumir que la construcción ha jugado un rol importante. Ahora bien, bajo ninguna circunstancia el afán de las obras de infraestructura puede convertirse en una amenaza para el ciudadano.
Nunca el hormigón y las varillas tendrán más valor que la persona. Y la dejadez, tanto de las empresas como de quienes tienen a cargo la rectoría, pareciera indicar que la seguridad de la ciudadanía tiene menos valor que el metro cuadrado en el Gran Santo Domingo.
La cuestión aquí va más allá de si se coloca una lona o no en un espacio que se encuentre en construcción. De lo que se trata es de que se comprenda que el indicador de desarrollo de una ciudad no está únicamente en la cantidad de torres de apartamentos y edificios comerciales que posea la ciudad. La posibilidad de desplazarse de forma segura y autónoma tiene tanto o más valor que el costo neto de cualquier edificación.
Y da igual lo que represente el proyecto en términos de inversión. Al final, la única razón de ser de las inversiones en las economías, es que permitan generar las condiciones para que la ciudadanía viva en condiciones dignas y con garantías mínimas de bienestar. Cuando se vulneran prerrogativas tan simples como el derecho a caminar sin que la ciudad sea una amenaza latente, cualquier mega proyecto perdió el sentido y es un indicador de fracaso económico.
El recorrido entre Larimar y Katherine forma parte de la campaña Bastón Blanco 2024. En la próxima entrega, contaremos otros escenarios relevantes para construir una ciudad más habitable.
