La llegada de nuevas autoridades que tuvieron como lema el cambio, es una oportunidad no solo para corregir, mejorar y solucionar situaciones, sino para analizar porque detrás de cada problema o de muchos reclamos de cambios, está de por medio un incumplimiento con la ley, como si fuese una especie de tara inevitable que hace que sea cada vez más complejo el manejo del Estado y las soluciones a los problemas.
El desorden de la administración pública salta a la vista con los cambios de gobiernos y sobre todo de partidos gobernantes, con las denuncias de nóminas excesivas para instituciones sobredimensionadas por fines clientelares, pagos escandalosos de dietas en consejos de entidades del Estado, pensiones hechas a la medida de funcionarios que representan un bochornoso privilegio, instituciones que continúan incumpliendo con las cotizaciones obligatorias de la seguridad social, nóminas cargadas de personas que no desempeñan ninguna labor y que no rebelan la totalidad de su personal. Todas estas acciones evidencian reiterados incumplimientos con las leyes, en gran medida porque nunca ha habido una consecuencia por hacerlo, que no sea lidiar con el escándalo, hasta tanto este dure.
De nada valió que mediante Ley 41-08 de Función Pública se creara el Ministerio de Administración Pública para sustituir al anterior instituto, como muchos sospechamos sucedería, pues a pesar de esto y de aprobarse distintas leyes como la 247-12 orgánica de administración pública, el Estado continúa siendo visto por algunos como un botín político que pueden manejar según entiendan.
Peor aún, a pesar de que se aprobó la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado, la cual se esperaba contribuiría a eliminar las discrecionalidades de que cada quien se haga a la medida sus propios beneficios, poco ha cambiado, entre otras cosas porque a pesar de que han transcurrido 7 años desde su aprobación, continúan sin dictarse sus reglamentos complementarios, sin aprobarse las escalas salariales que deben aplicar a todos los funcionarios incluyendo altos cargos no previstos en la ley, lo que demuestra que la inequidad y el desorden existente, es producto de un incumplimiento con la ley y una grosera falta de voluntad de ejecutar sus mandatos.
Otra ley que ha tenido limitado cumplimiento y escaso impacto es la 311-14 que crea el sistema de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos, la cual a la fecha simplemente ha servido para que se reciban declaraciones y se acumulen, algunas sospechadas de mendaces, sin que se haya cumplido con la creación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los funcionarios, para comprobar la veracidad de su información o para determinar las falsedades, ni mucho menos se haya aplicado las sanciones correspondientes por falsear datos o enriquecerse ilícitamente.
Aunque se celebra que por la expresión de una firme voluntad de sancionar el incumplimiento de esta ley el número de funcionarios que declaró a tiempo parecería que aumentó significativamente, esto no basta, y la desagradable sorpresa de descubrir fortunas inexplicables de funcionarios que presentaron su declaración de término de mandato y de otros que los inician, no puede ser un hecho más que provoque ira y pase sin consecuencias, y todo aquel que no pueda demostrar el origen lícito de su patrimonio debe ser sometido a investigación y recibir las sanciones correspondientes.
El mensaje de organizar el Estado hace brotar esperanzas, pero el arreglo debe necesariamente empezar por la zapata y no puede limitarse a pintar por fuera un edificio desvencijado para que parezca nuevo. Hay distintas formas de hacer las cosas, pero un solo camino para hacerlas bien y lograr verdaderas transformaciones, y este es el de someternos todos a la ley.
