Diciembre 3, 2019. Ese día sabremos cómo nos fue en las pruebas PISA 2018 que coordina la OECD. En 2015, el primer año que participamos, los resultados no fueron buenos. Era previsible teniendo en cuenta cómo nos había ido en otras pruebas internacionales, como las del Latin American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE) de la UNESCO. Algunos llegaron a pensar que el fuerte incremento en la inversión en educación que se inició en el 2013 daría paso a resultados alentadores de nuestros estudiantes de escuelas públicas y colegios privados que participaron en PISA 2015. El impacto de mayores gastos en educación se percibe en el largo plazo y varía dependiendo de cuánto del gasto se focaliza en elevar la calidad de la enseñanza.
El año pasado, los estudiantes dominicanos volvieron a participar y tomaron las pruebas PISA 2018. ¿Podría esperarse una mejoría notable en los resultados de los estudiantes dominicanos en las pruebas del 2018 teniendo en cuenta que en el 2015 obtuvimos las dos más bajas calificaciones en Ciencias (332) y Matemáticas (328), y la cuarta más baja en Lectura (358) entre los 70 países que participaron, y que en el período 2013-2018 se invirtieron en educación básica y secundaria RD$738,275 millones, tres veces y media más que lo invertido en el 2007-2012? Particularmente, no espero que se produzca. Perú logró aumentar 24, 19 y 14 puntos en las calificaciones promedio de sus estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura entre PISA 2012 y PISA 2015. Quizás nuestros estudiantes lograron subir las suyas en un rango similar cuando se den a conocer los resultados el próximo 3 de diciembre.
Nadie puede criticar la importancia de invertir en la construcción de nuevas y más confortables escuelas públicas y las instalaciones de laboratorios, bibliotecas, oficinas para maestros, área de recreación y deportes que la infraestructura escolar requiere. Haber construido más de 16,000 nuevas aulas en el período 2013-2018 es un esfuerzo sin precedentes. Tampoco podemos dejar de reconocer la penetración gradual de la tanda extendida y la provisión de desayuno, almuerzo y merienda que el Estado dominicano está realizando en nuestras escuelas públicas. Mucho menos la vertiginosa reivindicación salarial de los maestros. Todo eso era necesario. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho tanto desde la Presidencia por la educación pública dominicana como ha hecho Danilo Medina. A pesar del esfuerzo extraordinario que han realizado los gobiernos del Presidente Medina para mejorar la cobertura y las condiciones físicas y humanas para la provisión del servicio público de educación, no resulta previsible que este esfuerzo se reflejará en un avance significativo de nuestra posición en los rankings internacionales que miden la calidad de los sistemas educativos en el mundo.
Hace 22 años, en una reunión que sostuve con el Presidente Fernández, le externé la preocupación que teníamos los economistas de la Fundación Economía y Desarrollo sobre lo que considerábamos en aquel entonces, y seguimos considerando hoy, el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo: el déficit de maestros de calidad. Le expresamos que el país seguiría en la cola de la calidad educativa de la región y del mundo si no tomábamos decisiones del calibre que se necesitaban frente a la realidad de un cuerpo de maestros poco calificado y capacitado para proveer un servicio de enseñanza de calidad. Estábamos convencidos que ese cuerpo de docentes se había conformado a partir de un proceso de selección adversa inducido por la política de bajos salarios que había prevalecido entre 1966 y 1996, especialmente, durante los primeros 12 años de los gobiernos del Presidente Balaguer. Sugerimos al Presidente Fernández que su gobierno debía gestionar la contratación de no menos de 3,000 maestros extranjeros en el área de Ciencias, Matemáticas, Lengua Española e Inglés, muchos de los cuáles podrían venir de Cuba, España y Estados Unidos. La idea era que estos maestros no sólo capacitaran a los nuestros que reuniesen condiciones sino también, que pudiesen impartir docencia a los estudiantes en nuestras escuelas públicas. El Presidente Fernández acogió la propuesta favorablemente, y me recomendó que conversara con la entonces Secretaria de Educación, Doña Ligia Amada de Melo. Así lo hice. La Secretaria también la percibió positivamente pero dejó entrever que la decisión de contratar profesores y maestros extranjeros podría provocar un enfrentamiento entre el Gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). La propuesta fue engavetada.
El BID, que estaba al tanto del interés que teníamos los economistas de la Fundación en el tema de la reforma educativa, nos invitó a participar en el 2000 en un proyecto multinacional para analizar la situación de la docencia en América Latina, específicamente, la institucionalidad de la carrera y los incentivos. A Jaime Aristy Escuder y a mi nos asignaron el caso de la República Dominicana. A continuación, un extracto de nuestras recomendaciones:
“Uno de los supuestos presentes en el diseño del Plan Decenal de Educación es el que plantea que el cuerpo docente del país, especialmente el de las escuelas públicas, puede ser fortalecido a través de programas de capacitación y entrenamiento. Partiendo de los resultados obtenidos en este estudio, no es muy probable que la capacitación por sí sola sea suficiente para proveer los servicios de educación que requieren los niños y jóvenes de la educación básica y media, para enfrentar exitosamente los retos de un mercado de trabajo cada vez más exigente. La devastación causada por la aplicación de políticas salariales perversas durante un tiempo relativamente prolongado, así como la ausencia de incentivos no económicos, parecen haber tenido mayor peso que los estimados por los diseñadores del Plan Decenal de Educación. A pesar de los recientes esfuerzos que se han realizado en el ámbito de los reajustes en los salarios, la profesión de docente no parece haber recuperado el prestigio que tuvo en la década de los 40 y 50 en la República Dominicana. Las encuestas realizadas revelan que los docentes actuales, al igual que los que actualmente estudian la carrera docente, provienen de hogares de bajos niveles de ingresos. Una mayoría de ellos no seleccionó la docencia como su primera opción de estudios al ingresar al nivel superior.
Los autores tienen la impresión de que se requieren reformas decisivas para dotar al sistema educativo dominicano de un cuerpo docente compatible con los recursos humanos calificados que está demandando y seguirá demandando el mercado laboral. Una primera sugerencia sería la de llevar a cabo una evaluación certera de la capacidad del cuerpo docente. Esto podría hacerse a través de la administración de exámenes que permitan a las autoridades de la SEEBAC determinar si los maestros reúnen las condiciones para recibir una certificación como maestros competentes, algo que se ha comenzado a introducir en otros países de América Latina con resultados interesantes. Para los docentes en ejercicio, el examen de certificación sería un pre-requisito para mantenerse en dicho ejercicio; para los aspirantes, un requisito para entrar al ejercicio. El próximo paso sería la selección de los maestros a través de entrevistas individuales a ser realizadas por entidades “calificadoras” de excelencia académica que permitan detectar cuáles candidatos tienen mayor potencial para convertirse en maestros efectivos.
Aquellos maestros en ejercicio que no hubieran pasado los exámenes de certificación ni evaluaciones individuales podrían, por ejemplo, acogerse a un programa de retiro anticipado, que sería financiado con recursos gubernamentales. La creciente demanda por servicios educativos, la necesaria reducción en el número promedio de tandas que enseñan los maestros en la actualidad y la inevitable separación del cuerpo docente de aquellos maestros que no reúnan condiciones para un ejercicio eficiente de la profesión, generará una brecha magisterial importante. A ésta debemos agregar los requerimientos de capacitadores que demandaría el establecimiento de un programa efectivo de capacitación de maestros.” Para cubrir esta brecha recomendamos, entre otras opciones, la contratación de maestros en el exterior.
Recuerdo que, a final del 2000, Jaime y yo tuvimos la oportunidad de presentar, junto con una misión de expertos del BID de Washington, los resultados del análisis y las recomendaciones, a la Dra. Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidente de la República y Secretaria de Educación. La propuesta de contratación de maestros extranjeros, una vez más, fue presentada. Su impacto no fue diferente al que tuvo en 1997 cuando se presentó a las autoridades de la Secretaría.
Han pasado 22 años desde que hicimos la propuesta en 1997. Entre el 2000 y el 2019 se han producido declaraciones de ministros y funcionarios indicando que contemplan la contratación de profesores y maestros del exterior. Los estudiantes de nuestro sistema educativo público que sufren los efectos de uno de los cuerpos docentes menos calificados de la región y del mundo, siguen esperando que algún día, alguien ponga primero a los 1.7 millones de estudiantes de básica y secundaria, y no, como ha sido hasta ahora, a los 100 mil maestros que imparten docencia en nuestras escuelas y liceos. Alguien que decida liberarlos de una educación de baja calidad. En el ínterin, seguiremos invirtiendo el 4% del PIB en educación sin que semejante inversión se traduzca necesariamente en una mejora en la calidad de la educación recibida y comprobable a través de los resultados de nuestros estudiantes en pruebas como la PISA 2018, cuyos resultados conoceremos en 56 días.
