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La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) del 2012, fija los objetivos estratégicos y líneas de acción del Gobierno, y propone una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible. Una interesante ley que suele guardarse en el zafacón del olvido.
Por eso creó interés la tímida publicidad periodística, a un acuerdo del Ministerio de Medioambiente (MIMARENA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que parte de la propuesta de desarrollo económico “ambientalmente sostenible” que pauta esa ley. Además, la la inusual yunta MIMARENA+DGCP, despertó mi curiosidad y, por la escasa información, pedí el pacto y comparto los hallazgos con mis lectores.

El acuerdo parte de que la citada ley pide: “Incorporar la sostenibilidad ambiental en la gestión estatal, a través de compras estatales que incorporen prácticas de consumo y aprovechamiento sostenibles”. Además, manda a “institucionalizar la Política de Compras Públicas Sostenibles, para establecer criterios de adquisición o compras de bienes y servicios que demuestren ser producidos bajo el esquema de producción sostenible o que generen el menor impacto ambiental evaluable”.

Estas sugerencias tienen mayor dimensión porque la RD y otros 192 países aprobaron en la asamblea general de la ONU del 2015 la “Agenda 2030 para el Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, que plantea alcanzar 17 objetivos para garantizar a las generaciones futuras el derecho a vivir en un ambiente sano. Es mucho soñar, que esto tenga valor y sea pauta de acción en la práctica inmediatista e improvisadora del liderazgo dominicano.

El objetivo 12 de los ODS propone “Producción y Consumo Responsables”, para el crecimiento económico no promueva la degradación medioambiental. Es poco conocido que tenemos una Comisión de Desarrollo Sostenible, menos lo que ella hace y mucho menos que con apoyo de la ONU promueve una hoja de ruta para la producción y consumo sostenibles (¿?).

En este contexto es muy importante el acuerdo MIMARENA-DGCP, porque las compras estatales consumen entre el 28% y el 31% del presupuesto nacional, y por eso -como dice el acuerdo – la vigencia de una “política de contratación sostenible supondrá un impacto favorable para el medio ambiente y la gestión de residuos”.

Es importante que el ente llamado a cuidar el medioambiente y el que regula las compras se “comprometen a coordinar esfuerzos para la articulación y desarrollo de una política nacional de compras públicas sostenibles, que incorpore criterios ambientales e indicadores de cumplimiento”. Y se comprometan, entre otras cosas, a:

“Introducir criterios de sostenibilidad ambiental en los pliegos de condiciones y/o términos de referencias, utilizados en la contratación de las instituciones del Estado”. Además, a “elaborar normas, reglamentos, planes de acción y guías para la inclusión y aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental en las compras y contrataciones públicas, proveyendo la asistencia técnica necesaria”. También, a laborar “una lista de indicadores para monitorear, evaluar y verificar el cumplimiento de las metas establecidas”; y “asignar los recursos humanos y presupuestarios requeridos” para lograr los objetivos.

Para que no sea papel y figureo establecerán “un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo” para poner en práctica “las compras públicas sostenibles”, apoyándose en las mejores prácticas, en el contexto de la realidad nacional. Además, Orlando Jorge Mera y Carlos Pimentel Florenzán designaran un coordinador por cada entidad y crean una mesa de trabajo con especialistas en los temas del acuerdo. ¡Qué interesante!

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