En un mundo en que es cada vez más acelerada la aplicación de tecnología en las distintas áreas de la vida en sociedad, no resulta extraña la preocupación por la automatización de los procesos electorales. Este tema cobra aún mayor relevancia si las elecciones se van tornando complejas como en el caso dominicano. Sin embargo, este es un aspecto altamente sensible, pues sin elecciones confiables se pone en riesgo la estabilidad democrática. Por lo tanto, la modernización de los comicios tiene que hacerse acompañar de técnicas y procedimientos que gocen de una alta credibilidad entre los ciudadanos.

Este tema viene a colación por el amplio debate que se ha suscitado en el país a partir del informe técnico de la JCE, sobre los equipos utilizados en las pasadas elecciones. Esta iniciativa procuró la automatización del registro e identificación de concurrentes y del escrutinio electoral. No solo el informe recientemente conocido, sino los resultados de la observación electoral de organismos nacionales e internacionales indicaron que la tecnología utilizada en el 2016 no funcionó conforme a lo esperado. Diversos y serios fueron los fallos de los equipos adquiridos por el órgano electoral. No obstante, la previsión del escrutinio manual en los casos en que fuera necesario, evitó que se afectaran los resultados electorales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede señalar que es falaz el argumento de que los fallos en la tecnología electoral afectaron la legitimidad de las pasadas elecciones. Descartado este factor, el centro de la discusión debería estar en dos aspectos esenciales.

En primer lugar, en la transparencia del proceso de licitación para la compra de los equipos y en si hubo o no violación de los términos del contrato por parte de la empresa española Indra Sistemas. Esto tendría diversas implicaciones, como el pago de la deuda aún pendiente de la JCE con la empresa y el establecimiento de responsabilidades administrativas o penales por las irregularidades cometidas, en caso de que las hubiera.

El segundo aspecto a tener en cuenta, es el de sacar de esta experiencia las lecciones aprendidas que permitan avanzar hacia una administración electoral automatizada y eficiente. Como punto de partida se debe hacer conciencia de que la aplicación de nuevas tecnologías en las elecciones debe tener como base el más amplio consenso entre el órgano electoral y los principales actores políticos. Esta automatización debe ser gradual y sometida a numerosas pruebas que evidencien su funcionamiento y generen confianza en el proceso. Al mismo tiempo, es imprescindible la capacitación del personal técnico a cargo del manejo de la nueva tecnología electoral.

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