Teoría de la obligación relacional del gasto público

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Tomando en consideración la importancia que tiene la actividad financiera del Estado, la cual se ejecuta a través del Presupuesto General del Estado para la implementación de políticas públicas, tendente a operativizar las funciones que debe desarrollar el gobierno, para cumplir con la función esencial del Estado, de lograr el desarrollo igualitario, equitativo y progresivo de las personas.

Partiendo de la importancia que tiene el gasto público en la realización de políticas públicas, como contrapartida que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos en retribución a los impuestos que pagan en las diferentes modalidades, lo cual ha permitido que, algunos autores hayan postulado la teoría de la obligación relacional.

Esta teoría ha sido postulada por autores como Buscema, Pérez de Ayala y algunas matizaciones planteadas por Bayona de Perogondo, quienes plantean lo siguiente:

“El gasto público se configura como una relación jurídica de carácter obligacional, cuyo sujeto activo será la persona (otro ente público o un particular) que ha realizado la obra o ha prestado el servicio o es beneficiario de una subvención, siendo el sujeto pasivo el ente público con cargo a cuyos fondos se van a financiar las obras o los servicios”.

La teoría de la obligación relacional, desde la cual plantea que el Estado en función de su poder coactivo de recaudación de impuesto, obliga a las personas jurídicas y físicas a pagar tributo, lo que implica la obligación de devolverle a estas personas en obras, bienes y servicios, una parte del dinero que recauda.

En este contexto, el artículo 75.6 de la Ley Suprema, establece como un deber fundamental el pagar los tributos para sustentar la carga publica, al describir que las personas físicas y jurídicas deben: “Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado, garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente”.

Nos identificamos plenamente con lo postulado desde esta teoría, partiendo del hecho de que las personas en función del famoso contrato social de Jean Jacques Rousseau, se asocian y permiten que el Estado les limite ciertos derechos a cambio de que les proteja y devuelva en obras, bienes y servicios parte de lo que paga de impuestos.

Esta obligación relacional está contenida en el artículo 8, que establece la función esencial del Estado, al establecer que:
Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

En síntesis, la obligación que existe entre el Estado y las personas morales y físicas es de doble dirección de manera que las personas tienen el deber de pagar los impuestos para contribuir a la carga pública. Como una contraparte de esta relación, el Estado está en compromiso de establecer políticas públicas para hacer operativo los derechos establecidos en la Constitución y la función esencial del Estado.

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