Por Alfredo López Ariza
El régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina dejó una huella significativa en la historia dominicana. Aunque se le atribuyen avances en infraestructura y la organización del aparato estatal, su legado también está marcado por prácticas autoritarias y serias violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, una de las decisiones más lesivas cometidas durante su mandato —y, a la vez, una de las más persistentemente ignoradas— fue la cesión a Haití de vastos y significativos territorios que, hasta hace menos de un siglo, eran parte integral de la República Dominicana. Este acto que atentó contra la integridad territorial y la memoria histórica de la nación ha sido deliberadamente invisibilizado, a pesar de su impacto cultural y geopolítico duradero.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta pérdida es Hincha, un pueblo históricamente dominicano que hoy se encuentra en territorio haitiano. Cuna de generaciones de familias dominicanas, y hogar de cementerios donde reposan nuestros ancestros, Hincha fue cedido como resultado de los acuerdos fronterizos impulsados por el régimen de Trujillo. Desde entonces, la investigación genealógica y la recuperación de la memoria histórica se han vuelto tareas titánicas, obstaculizadas por la jurisdicción extranjera sobre archivos civiles, registros parroquiales y restos familiares.
Las raíces de la soberanía dominicana sobre estos territorios se remontan al Tratado de Aranjuez de 1777, firmado entre España y Francia. Este acuerdo estableció oficialmente la división de la isla de Santo Domingo, reconociendo a la parte oriental —hoy República Dominicana— el dominio sobre territorios como Hincha, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Las Caobas y el Valle de la Miel. Estos derechos históricos fueron ignorados en los tratados del siglo XX.
A pesar de esos antecedentes, fue en 1929 cuando el presidente Horacio Vásquez y su homólogo haitiano Louis Borno firmaron el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, que marcó el inicio de la cesión de más de 4,572 kilómetros cuadrados de territorio dominicano —equivalente a aproximadamente el 8% del territorio nacional. Luego, entre 1935 y 1936, durante la presidencia de Trujillo, se firmaron el Acuerdo Fronterizo y el Protocolo de Revisión de Frontera, formalizando la entrega de otros 1,628 kilómetros cuadrados, alrededor de un 3% adicional del país. En total, la República Dominicana perdió más de 6,200 km² de territorio soberano.
Los pueblos cedidos, como Hincha, Las Caobas, La Miel y San Rafael de la Angostura, no eran zonas en disputa ni territorios baldíos. Eran comunidades con representación política en la Constitución de 1844. Figuras como José Mateo Perdomo (por Hincha), Juan P. Andújar (por Las Caobas) y J. N. Tejera (por San Rafael de la Angostura) participaron como representantes parlamentarios de esos pueblos, confirmando su carácter dominicano.
En ese mismo sentido, durante la Guerra de Independencia, el general Antonio Duvergé defendió y recuperó estos pueblos para la República, consolidando su pertenencia a la nación. Sin embargo, el régimen de Trujillo, influido por el contexto de la ocupación estadounidense de Haití (1915–1934) y por el deseo de mantener relaciones diplomáticas estables, optó por una entrega que aún hoy clama justicia.
Las consecuencias de este acto trascienden lo territorial. Se trató de una mutilación cultural, social y emocional. Familias dominicanas vieron cómo sus lugares de origen, sus cementerios y sus archivos históricos quedaron, de la noche a la mañana, en manos de otro Estado. Investigadores como William Páez Piantini han documentado cómo esta pérdida ha afectado la identidad de comunidades enteras, especialmente en el sur del país, donde los vínculos con pueblos como Hincha y La Miel son parte irrefutable de la historia familiar dominicana. Ni los libros de texto oficiales ni las políticas públicas de memoria han hecho justicia a esta pérdida.
Hoy, cuando el país discute los límites de su identidad y su soberanía, vale la pena mirar hacia esta página omitida de nuestra historia. Más allá de los intereses políticos del momento, este crimen silenciado propició la pérdida de una porción viva de la memoria colectiva y de la soberanía nacional, la cual se mantiene hasta el día de hoy. Revisar estos hechos no es solo un acto de justicia histórica, sino un deber con la identidad dominicana y con las generaciones futuras. Los pueblos entregados no deben ser recordados como una nota al pie, sino como una herida abierta en el mapa y en el alma de la República Dominicana. Sus historias merecen ser contadas con la verdad y la dignidad que les corresponde, antes de que el silencio y el olvido terminen por sepultarlas para siempre.
