La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la salud humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación.
Siete años después, la Conferencia de Estocolmo, clasificaba al ruido como un contaminante específico; en su recomendación 14 establece: “Se recomienda que el órgano intergubernamental competente en las cuestiones ambientales que se establezca dentro del sistema de las Naciones Unidas tome las medidas pertinentes para la realización de los estudios precisos sobre la necesidad y las posibilidades técnicas de elaborar normas internacionalmente aceptadas para medir y limitar las emisiones de ruido, y que, si se estima pertinente, se apliquen esas normas a la fabricación de medios de transporte y de ciertos tipos de material de trabajo, sin un fuerte aumento de los precios o una reducción de la ayuda prestada a los países en desarrollo”.
Existe, además, el Convenio C148 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977, que busca proteger a los trabajadores de los riesgos profesionales debidos a la contaminación, incluida el ruido.
Cada 25 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos perjudiciales del ruido y tomar medidas preventivas para evitarlo.
Las directrices obtenidas de los documentos en conferencias internacionales tienen la función más importante, la concertación y puesta en común de conocimientos, problemas y soluciones; un ejemplo significativo lo proporciona la conferencia que en junio de 1992 se celebra en Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo de la que surgen la Carta de la Tierra y la Agenda 21, a las que se adhieren más de 170 gobiernos. La Agenda 21 establece iniciativas que exigen de los gobiernos la elaboración de estrategias nacionales de desarrollo sostenible. La Agenda 21 no es vinculante, pero ha ejercido un notable influjo en todo el mundo, parte de la misma está referida al ambiente urbano y al fomento de la economía urbana sostenible. Incluye procedimientos y medios que los gobiernos nacionales y municipales tienen a su disposición para el desarrollo y gestión del ambiente y los recursos naturales.
En 1996 la Comisión Europea consideraba el aspecto del ruido como “un importante problema en la legislación y la política ambiental” y adoptó la Directiva 2002/49/CE para la evaluación y gestión del ruido ambiental, consiguiendo una mejora significativa en la concienciación del público en general y de los legisladores acerca de la situación acústica. Según la Agencia Ambiental Europea (EEA), 100 millones de ciudadanos europeos se ven afectados por los altos niveles de ruido que afectan negativamente a la salud humana, la cual causa 43.000 admisiones hospitalarias cada año y unos 10.000 casos de muerte prematura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 1999 las Guías para el Ruido Urbano (Guidelines for Community Noise), en las que se describen detalladamente las consecuencias de la contaminación acústica para la salud humana.
El ruido es insalubre, su producción excesiva, padecida de forma crónica y persistente, es un atentado grave a la dignidad de las personas. Las reivindicaciones ciudadanas por un ambiente no ruidoso no suelen ser en modo alguno un asunto propio de manías subjetivas o de exceso de susceptibilidad. Al contrario, la producción de ruido sin consideración a los perjuicios que puede producir a los demás, es lisa y llanamente, una agresión. Pero lo hace más grave la cotidianidad, la pretensión de que es una carga de la sociedad actual que no tenemos más remedio que soportar.
