Durante el fin de semana, el urbanista dominicano, Marcos Barinas, publicó un tweet al que conviene prestar atención. Escribió: “Estoy claro que el combustible es más que transporte individualizado. Pero se me hace muy difícil entender que los gobiernos se gasten 2,000 millones al mes en subsidios y sea tan difícil invertirlo agresivamente en transporte colectivo de calidad. ¿Algún economista que me dé luz?”.

El tuit de Marcos tiene varias dimensiones que me gustaría explorar, desde el punto de vista de una ciudadana más. El siete de marzo, el presidente Luis Abinader anunció la política de control de precios de los combustibles que pondría en marcha. Durante cuatro meses se invertirían entre 9,600 y 16,000 millones de pesos para evitar la subida de precios. La información dejó la puerta abierta a un periodo más extenso al decir que se aplicaría “los primeros cuatro meses”.

La literatura sobre políticas públicas dice que las políticas son decisiones. Y siempre, sin importar el curso que se adopte, quedará otra ruta disponible. Es rol de los hacedores de políticas definir cuál de las alternativas se elegirá.

De manera que, por más que los miles de millones destinados al subsidio de los combustibles me haga pensar en esas películas en las que un sujeto quema montones de billetes verdes, soy consciente del significado de una subida descontrolada en los precios. Lo que no alcanzo a comprender, al igual que Marcos Barinas, es cómo no ha habido la voluntad de invertir agresivamente en mejorar la movilidad urbana sostenible.

Desde 2019 la República Dominicana cuenta con diagnósticos sobre el estado de situación de la movilidad en el país. Contamos con planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Tenemos estimaciones de lo que podría costar y cómo acceder a financiamiento para la implementación.

Convengamos en que la pandemia ralentizó todos los procesos de desarrollo que quedaran fuera de la emergencia sanitaria. Convengamos también en que los efectos de la Covid-19 en la economía obligaron a desviar la atención hacia sectores prioritarios. Incluso convengamos en que la guerra entre Rusia y Ucrania supuso un nuevo tropiezo para la recuperación económica.

De acuerdo. Pero, en medio de todos esos escenarios, ¿cómo se justifica que sólo al 24 de junio de este año se hayan quemado más de 18,000 millones y sumando? ¿De qué modo explicamos que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentara un informe en el que propone el gasto público en infraestructura como mecanismo para la recuperación económica y que no se haya considerado esta oportunidad para robustecer la implementación del plan de movilidad urbana sostenible?

Ahora bien, ¿quiere decir que no se está haciendo nada? De ninguna manera, tendría que ser muy ciega para no ver que se están ejecutando algunas acciones.

El plan de movilidad urbana sostenible que realizó Movilice Your City en colaboración con la Dirección de Movilidad Sostenible del Intrant, contempla ampliación de las líneas uno y dos del metro. Estas están en curso. Incluye la construcción de nuevos teleféricos, está en marcha el que va de Los Alcarrizos al Nueve. El plan tiene contemplados algunos corredores de autobuses. Están funcionando el de la Núñez, la Charles de Gaulle, Lincoln y Churchill.

Sin embargo, estas son sólo tres acciones de una lista extensa de medidas integrales en las que se toma en consideración el rol de los peatones, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Integra el abordaje de poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad como las personas con discapacidad o las familias que viven en barrios y sectores poco comunicados entre sí.

En definitiva, en las películas es un espectáculo entretenido ver quemar los verdes. Pero en el contexto actual, la combustión de millones de pesos es un show poco alentador.

Y a la vez que el precio de los hidrocarburos se mantiene congelado, obligatoriamente tenemos que preguntarnos ¿por cuánto tiempo se sostendrá un gasto de esta magnitud? ¿Qué pasará cuando el Estado pierda la capacidad de mantener el subsidio? ¿Hay un plan más allá de destinar miles de millones de pesos como política de control de precios? Y lo más importante, ¿habrá algún momento en el que la inversión sea tan determinante para el bienestar de la ciudadanía?

Al final, uno se pone a pensar que con una inversión integral en líneas para los peatones y ciclistas, mejores condiciones de transporte y mayor conectividad entre las zonas urbanas e interurbanas, por lo menos la ciudad podría ser más competitiva. Se generarían las condiciones para que la inversión retorne en nuevos puestos de trabajo, menos gasto en seguridad ciudadana y mayor autonomía de poblaciones vulnerables.

Por lo pronto, quedan muchas preguntas y pocas respuestas. Hay millones de pesos quemándose rápida y furiosamente.

Esto forma parte de las discusiones que estaremos abriendo en el marco del Congreso de Movilidad Sostenible que celebrará la Fundación Francina el próximo 20 de octubre.

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