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Luego de un proceso judicial bastante mediatizado, el pelotero Wander Franco fue hallado culpable de abuso sexual contra una menor. La sentencia implica dos años de prisión suspendida. Asimismo, Martha Vanessa Chevalier Almonte, madre de la menor, recibió una condena de 10 años de prisión, 30 salarios mínimos y la incautación de múltiples bienes por cargos de explotación sexual comercial, lavado de activos y trata de personas.
De inmediato, las redes hicieron las discusiones de lugar. Desde los típicos desubicados que dicen: “Es que le querían hacer un daño a ese muchacho” o los que aseguran: “Esa muchachita tiene más millas que cualquiera”, hasta los que se cuestionan por qué la madre obtuvo una pena más severa que el abusador. A esto último, la respuesta corta es que él fue condenado únicamente por el cargo de abuso sexual y ella por otros delitos.
El caso, aunque ejemplificador porque hace justicia en un hecho puntual, acorde a nuestras leyes, sigue evidenciando cómo este Estado le falla reiteradamente a las niñas y a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Para cualquiera son accesibles los videos en los que la madre de la menor admite que la niña andaba con “su marido”, como algo natural.
Y si hoy, para muchos, esto es escandaloso, lo cierto es que esa es una práctica habitual en nuestro país. Es cierto que antes era moneda corriente ver a una niña conviviendo sexualmente con un adulto, pero no quiere decir que hoy sea extraño.
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Wander Franco es el caso que se hizo mediático porque las sumas fueron altas y él es una figura pública. Sin embargo, aquí, tanto el sexo, como las uniones tempranas y los abusos sexuales son parte —lamentablemente— de la vida cotidiana de las niñas, principalmente de las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Basta con echar un vistazo a los datos. Según Unicef, el 65 % de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual de algún tipo. Asimismo, la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2019) indica que el 20 % de las mujeres jóvenes tiene su primer hijo antes de los 18 años.
Si esa cifra se desagrega, entonces aumenta al 34 % entre las provenientes de zonas vulnerables. Asimismo, 2 % de las mujeres tuvo su primer hijo antes de los 15 años, y esto está más asociado con niveles de abuso más brutales como el incesto.
Entonces, difiero completamente de aquellos que dicen que la condena a la madre de la menor servirá para avisar a los padres para que desestimen la práctica de “vender a sus hijas”. Tú no cambias un mal cultural únicamente con las medidas punitivas, sobre todo cuando, en casos como este, han intervenido muchísimos factores.
Más bien, entiendo que la ruta va por invertir en la educación. Pero no como suele hablarse de la inversión desde lo aéreo, sino que esta debe pasar por la creación de una estrategia específica en materia sexual, que no se limite a una clase sobre el aparato reproductivo.
Las niñas, debido a una mezcla entre tabú, desidia y la oposición de grupos religiosos, se han visto abocadas a tomar decisiones mal informadas. Y es cierto que una parte de la educación debe darse en el hogar, pero cuando los miembros del hogar tampoco cuentan con la formación necesaria, se replica un círculo de eventos que, en la mayoría de los casos, no llegan a los titulares.
Y la falta de educación llega a todos los niveles, incluidos nuestros congresistas. Hace unas semanas, una diputada propuso un proyecto de ley para la distribución de kits de higiene menstrual. Muchos, hasta algún legislador, se preguntaron por qué el Estado debía hacerse cargo de suministrar estos insumos, con una completa falta de conocimiento sobre las condiciones de vida de la población dominicana.
Lo que digo es que, perfecto que condenen a Wander Franco —más años debieron darle—, pero el mal estructural sigue ahí. Y seguimos teniendo enemigos del progreso, como quienes en 2019 se opusieron a la Orden Departamental 33-19 del Ministerio de Educación, que instruía la creación e implementación de una estrategia de género en la educación preuniversitaria.
La orden indicaba objetivos centrados en la equidad entre hombres y mujeres, prevención de violencia y discriminación, y educación sexual. De inmediato, salió un grupo a amenazar con acciones legales, meter presión política y a movilizar con desinformación.
El resultado fue simple: en 2024, el acceso a educación sexual efectiva está restringido a quienes pueden pagarlo. Y el pago de esa deficiencia sigue cayendo en las poblaciones con mayores niveles de pobreza.
