La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana decidió suspender temporalmente la aplicación de las resoluciones 05-2025 y 07-2025, que modificaban las tarifas y límites de cobertura del seguro obligatorio para vehículos de motor.
La medida, formalizada mediante la Resolución 10-2025, establece un período de seis meses para realizar una consulta pública ampliada. Este proceso incluirá audiencias, plataformas digitales y otros canales para que gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, juristas, académicos y ciudadanos presenten observaciones y propuestas.
Lo que debe saber
- Superintendencia suspende nuevas tarifas del seguro obligatorio
- Consulta pública de seis meses para reformar regulación
- Seguirá vigente el esquema de 2002 mientras dure la revisión
- Participarán gremios, aseguradoras y ciudadanía
- Medida fundamentada en leyes y principios constitucionales
Consulta con todos los sectores
“El fortalecimiento del proceso regulatorio implica escuchar a quienes representa y protege la norma. En lugar de imponer cambios, preferimos construirlos con consenso”, señaló el superintendente Julio César Valentín Jiminián, al justificar la decisión.
Durante la suspensión, seguirá vigente el esquema definido en la Resolución 010-2002, en uso desde hace más de dos décadas. Las autoridades afirman que la participación de los distintos actores permitirá perfeccionar la normativa y garantizar un equilibrio entre protección al ciudadano y sostenibilidad del sector asegurador.
Fundamento legal y transparencia
La Superintendencia subrayó que la medida se ajusta a la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo, además de principios constitucionales de participación y seguridad jurídica.
El cronograma de la consulta se divulgará en los próximos días. Se prevé que el proceso incorpore mecanismos presenciales y virtuales, de forma que el diálogo y la transparencia marquen la nueva regulación del seguro obligatorio.
La decisión marca un cambio de enfoque en la política regulatoria, priorizando la construcción conjunta de normas y la búsqueda de consenso como base para reformas que impacten a millones de propietarios de vehículos en el país.
