Asunción. Latinoamérica, con una cobertura promedio de entre el 55 y 60%, requiere una “mayor acción pública” para lograr que un 100% de su población tenga acceso al agua, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El administrador asistente y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, analizó en una entrevista con Efe la situación regional de acceso al agua, que junto al saneamiento es el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“El porcentaje de cobertura al que aspiramos es 100%”, puntualizó López-Calva, para quien el mensaje del PNUD no pretende ser de “optimismo, sino más bien un llamado a mucha mayor acción pública”.
Al referirse al panorama regional, estimó que la cobertura de agua está “alrededor del 60” o “entre 55 y 60%”.
“Es una brecha muy grande que tenemos que insistir en cubrir”, añadió el oficial desde la sede del PNUD en Nueva York.
López-Calva llamó la atención sobre la “enorme heterogeneidad” que existe entre los países en términos de acceso al agua, y que vinculó a aspectos como el nivel de desarrollo, ingresos, regulación o institucional.
Pero también alertó sobre la “inequidad” que se vive al interior de los mismos países, al explicar que pese a que algunos cuentan con una cobertura amplia en la provisión de agua, el acceso a este recurso puede ser heterogéneo de un territorio a otro.
“La región tiene unos déficits enormes, tanto en promedio como región como al interior de los países”, añadió el delegado internacional, que defendió el acceso al agua como “un derecho”.
En todo caso, observó que en la actualidad no existe una “escasez de agua estructural” que se pronostica sea una de las consecuencias del cambio climático, sino una “mala gobernanza” de este recurso.
De allí que señaló la importancia de tener un Estado “fuerte” y con “decisión de invertir en infraestructura para poder llevar el agua a todos los ciudadanos”.
Para los casos en los que se requiera financiamiento, recomendó analizar los mecanismos que permitan al sector privado intervenir en la inversión en infraestructura, aunque aclaró que cada país debe debatir este asunto “de manera soberana.
