Durante este 2025, el Congreso dio salida a los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, sus “coronas” del año
El Congreso Nacional cerró sus labores legislativas la semana pasada y, con ello, dio por terminadas las esperanzas de convertir en ley decenas de iniciativas de gran impacto en lo que resta de este 2025.
Aunque este año es conocido por legisladores como “el año de los códigos” o “el año más productivo” – por la salida de las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, entre otras piezas, y el esfuerzo con el Código Laboral-, una cantidad importante de proyectos de ley quedarán para el año 2026.
La modificación al Código de Trabajo es la normativa de mayor atención de las pendientes, la cual, si bien no perime, una vez más se quedará para el siguiente año, como ocurrió en el 2024. El marco de ley es la reforma sometida por el presidente Luis Abinader “que más brega” ha dado a los legisladores (lleva tres legislaturas).
El mismo destino –de quedarse para una próxima- corren los proyectos de reformas de los códigos Civil y de Procedimiento Civil; ley de Seguridad Social (perimen pasada la noche del 12 de enero); de Agua; de Salud; Salud Mental; Libertad de Expresión (perime); del Tribunal Constitucional; Policial; proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas independientes (perime); eliminación del método D ‘Hondt; fusión Mescyt-Minerd; que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI – el cual perime); entre otros.
La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Wandy Batista, sostuvo algunas reuniones en septiembre de este año para adentrarse con el estudio del proyecto de ley de reforma al Código Civil vigente, que data desde el 1884, a fin de rendir un informe favorable en unas 14 o 16 semanas, lo que no ocurrió.
Por otro lado, la comisión bicameral para el estudio de la reforma a la Ley 87-07, de Seguridad Social, presidida por el diputado Rafael Castillo, está apoderada de siete piezas legislativas, las cuales van a perimir al cierre de la legislatura. El equipo de senadores y diputados no ha presentado informe al respecto, por lo que, una vez más, la modificación integral a la Ley tendrá que esperar que el Congreso y los sectores involucrados se pongan de acuerdo.
En cuanto al pliego de ley que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales, la comisión especial a cargo concluyó con su lectura y solo ha rendido un informe de gestión, y no el final, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Cámara Alta. La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comitiva, informó en varias ocasiones que el equipo a cargo rendirá un informe favorable –concluyente- en esta legislatura.
Prioritarias de la legislatura
Otros proyectos de ley que quedarán para el 2026 fueron anunciados como prioridades para el Congreso Nacional en esta legislatura. La información la ofreció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el pasado 16 de agosto, tras su juramentación como titular del ala congresual.
Se trata de los pliegos de ley orgánica de deportes; de etiquetado y advertencia nutricional; publicidad y promoción de la alimentación saludable para los consumidores; gestión de ciberseguridad; cambio climático de la República Dominicana; y de eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables. También son parte de esas prioritarias los ya señalados proyectos de código Civil y de Procedimiento Civil.
Aunque el ciclo parlamentario de 150 días concluye pasada la noche del 12 de enero de 2026 y los congresistas tendrían menos de semana de trabajo (del 7 al 12 de enero), las piezas no han sido convertidas en ley durante el año actual.
Las 18 iniciativas de “Déjala Ir”; no salió ninguna
El Congreso lanzó este año la reforma integral “Déjala Ir”, mediante el sometimiento de 18 proyectos de ley por distintas legisladoras. La propuesta fue encabezada por la diputada perremeísta Kinsberly Taveras y apoyada por todos los senadores y diputados, cuya finalidad es reducir a un 30% los feminicidios y filicidios para el 2030, y su erradicación para el 2035. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las legislaciones ha sido evacuada.
Los proyectos de ley son: el marco para la erradicación de los feminicidios y los filicidios, introducido a la Cámara de Diputados por la exministra de la Juventud; el que establece el monitoreo telemático, el cual convierte las órdenes de alejamiento “en un escudo real”, mediante brazaletes electrónicos y un centro de reacción inmediata; de protección integral a niñas y adolescentes, para combatir la violencia sexual, el embarazo forzado y la coerción reproductiva; de reforma de las casas de acogida; y la modificación de la Ley 137-03, que fortalece sanciones, prevé un fondo de reparación de las víctimas y combate la explotación sexual y laboral.
Asimismo, el pliego de ley que amplía las competencias municipales; de igualdad y no discriminación; el que modifica la Ley 33-18, para sancionar la violencia política contra las mujeres y promover la capacitación en igualdad; el de ciberviolencia; y el que modifica la Ley Orgánica de Educación.
De igual manera, el proyecto de ley de justicia especializada; el de empoderamiento económico de mujeres víctimas; de registro unificado de agresores; del sistema nacional del cuidado; el de programas obligatorios de rehabilitación para agresores; de prevención en cuerpos de seguridad, que incorpora formación en masculinidades positivas y control interno de violencia institucional.
También el proyecto de protección a madres rurales y fronterizas, que fortalece la inclusión social y la seguridad familiar; y el de protección a niños y niñas, víctimas indirectas, que garantiza acompañamiento psicológico y suspende la patria potestad al agresor.
Más de 20 proyectos caso Jet Set
A pesar de lo ocurrido el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, que acabó con la vida de más de 230 personas y dejó más de un centenar de heridos, el Congreso Nacional no aprobó este año ninguna de las iniciativas sometidas a ese órgano relacionadas al caso.
Hasta finales del mes de la tragedia, en las cámaras legislativas surgieron 24 propuestas como consecuencia del funesto suceso: 15 proyectos de ley y nueve resoluciones (de las cuales dos fueron retiradas), la mayoría de los cuales plantean la supervisión de las infraestructuras y edificios, para prevenir un hecho similar. La diputada Lidia Esther Pérez, hermana del fallecido cantante Rubby Pérez (víctima mortal de la tragedia), es una de las proponentes de las legislaciones (la número 04142).
Al respecto, el presidente de la Comisión de Vivienda, Hábitat y Edificaciones de la Cámara de Diputados, Carlos Pérez, dijo que trabajaban para rendir un informe que consolide los proyectos y resoluciones que buscan regular edificaciones ya construidas.
En octubre, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió por parte del Poder Ejecutivo, en una visita del ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, el proyecto que modifica la Ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
La reforma busca dotar al Mived de las herramientas necesarias para supervisar edificaciones, actuar con mayor eficacia y responder de forma más firme a las necesidades sociales, en cuanto a seguridad estructural y protección de la ciudadanía.
Pendientes de la nueva Constitución
Los congresistas tienen pendiente el someter a las cámaras legislativas los proyectos de ley que buscarían cumplir con los mandatos de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024, relativas a la reducción de la matrícula de los diputados, de los 190 actuales a 170 (20 menos).
Asimismo, deberán introducir y aprobar la propuesta de ley para la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un mismo día, el tercer domingo del mes de mayo.
Ambas reformas de ley entrarían en vigencia a partir del 2032.
Complementarias de la anterior
En la modificación constitucional número 40 (la proclamada en 2024), los legisladores acordaron evacuar todos los marcos de leyes pendientes del Texto Supremo, que en ese entonces eran alrededor de 80 (entre la reforma del 2010 y esta última), según informaron legisladores y juristas en ese instante.
Hasta el año pasado, los datos indicaban que había pendientes alrededor de 80 de piezas: unas 70 de la Constitución del 2010 y ocho de la proclamada recientemente, de acuerdo al diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo.
Aunque los congresistas han refrendada algunas de esas piezas, tienen el reto de concluir con el gran grueso de ellas, como son con las reformas a los códigos de Trabajo (aprobado en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados), Civil y de Procedimiento Civil (ya mencionados) y de Comercio.
Las leyes complementarias de la Carta Magna que aún no han sido creadas son: ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (referendo y plebiscitos-artículos 22, 203, 210 y 272 de la Constitución); servicio civil o militar obligatorio (artículo 75, numerales 3 y 4 de la Const.); de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada (artículo 51, numeral 2, Const.); de antidiscriminación y promoción de igualdad entre las personas (artículo 39, numerales 3, 4 y 5, Const.); de garantías para denunciantes de faltas cometidas por funcionarios públicos (artículo 22, numeral 5, Const.); entre otras.
La Carta Suprema le da siete legislaturas al Congreso para sacar todas esas leyes; el órgano lleva dos ciclos.
Año histórico
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha dicho que este 2025 ha sido un año histórico, porque se aprobaron importantes códigos y una lista amplia de leyes de trascendencia.
Destacan entre los logros de los legisladores
A diferencia de otros periodos, este 2025 ha sido un año de laureo para los senadores y diputados, quienes han evacuado varias leyes de vital importancia para el país, muchas de las cuales tenían décadas “dando vueltas” de una cámara a otra.
El nuevo Código Penal (Ley 74-25) es “la corona” del año, así como el nuevo Código Procesal Penal (Ley 97-25), que va de la mano.
Entre las novedades del Código Penal se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos. Además, se introducen disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, y mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados.
Otros logros son: la nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25); de Alquileres (Ley 85-25); de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 98-25); y del Tribunal Superior Electoral (TSE-Ley 39-25); también las modificaciones a la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; y que modifica el artículo 4 de la Ley 4532, del 31 de agosto de 1956, a fin de armonizar el marco legal de la exploración y explotación de hidrocarburos con la Constitución y con los actuales desafíos y oportunidades del sector energético (Ley 37-25).
También la modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, a los fines de adecuarla al texto reformado de la Constitución, de fecha 27 de octubre de 2024, relativo a la escogencia del procurador general de la República y sus adjuntos, así como la nueva composición del Consejo; ley de la regulación de la sucesión a nivel municipal; Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional (Ley 84-25); que crea el Ministerio de Justicia (Ley 80-25); de fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; entre otras.
