El abogado Namphi Rodríguez dijo que se violó la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas con el denominado “contrato oculto” para la construcción de una planta a carbón de 600 megas.Explicó que la violación se originó porque se pretendió convertir un poder de representación del Presidente de la República en un acto de adjudicación, obviando los principios de transparencia, objetividad, igualdad y publicidad.
El especialista en Derecho Constitucional dijo que mediante ese procedimiento se adjudicó un “típico contrato de concesión” sin cumplir con el trámite preceptivo de someter a concurso la obra y sin remitir el contrato al Congreso como ordenan los artículos 93 y 128 de la Constitución. Rodríguez agregó que ese contrato pudo generar consecuencias imprevisibles porque contiene cláusulas lesivas a los intereses del país, como las que disponían que el Estado debía adquirir las plantas si no resultaban rentables para los inversionistas.
Dijo que el contrato debió remitirse al Congreso luego de una licitación pública, porque jurídicamente se trata de una concesión mediante la cual el Estado se compromete a comprar a la empresa concesionaria 600 megavatios de energía, con lo cual se comprometen los recursos del erario, que acabarán pagando los consumidores.
