Nadie puede negar que la inversión de más de 4 mil millones de dólares de la empresa minera canadiense Barrick Gold en la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, es un elemento de mucha importancia para la economía dominicana. La inversión extranjera en cualquier país del mundo es hoy en día, uno de los soportes fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestras naciones.
Sin embargo, esas empresas que vienen a invertir sus capitales en nuestros países deben ser respetuosas de las leyes y de los reglamentos que norman la actividad económica local. La seguridad jurídica para una buena inversión extranjera trae consigo no sólo el respeto de los acuerdos por parte del país receptor, sino también el respeto de las leyes nacionales por parte de los inversionistas extranjeros. Partiendo de esa realidad es que vemos que la minera Barrick Gold está cometiendo un grave error al tratar de realizar sus embarques de oro y plata violando la Ley 3489, que rige las aduanas dominicanas.
Las autoridades de Aduanas, encabezadas por su director, Fernando Fernández, han establecido que esas violaciones de la Barrick se han realizado en tres aspectos: no separando el oro y la plata como establecen las normas, poniendo a Estados Unidos como el país de origen y usando de manera irregular el dispositivo o tocken autorizado por Aduanas para el proceso de exportación.
Hasta el día de hoy la Barrick ha realizado unos 20 embarques por un monto aproximado de 420 millones de dólares, es decir, unos 17 mil millones de pesos dominicanos. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el equipo técnico de Aduanas, todos esos embarques presentan irregularidades y por tanto la Barrick está violando la ley y está sujeta al pago de una multa. El artículo 202 de la Ley 3489 establece muy claramente lo siguiente: “Cualquier persona que introduzca o intente introducir mercancías o que las saque o intente sacarlas por medio de cualquier documento fraudulento o falso, informacio?n oral o escrita, se castigara? con una multa igual al doble del valor de dicha mercanci?a”.
Si se aplica esa ley ante las declaraciones falsas de la Barrick la multa a pagar por dicha empresa debe ser de unos 840 millones de dólares que, traducidos a pesos dominicanos, son unos 34 mil millones de pesos. Y todo eso es independiente de las negociaciones que el gobierno central está realizado con la Barrick para hacer más justa la distribución de los beneficios compartidos de un contrato que fue suscrito entre la Barrick y el Gobierno cuando la onza de oro estaba a menos de 600 dólares mientras que hoy está a casi dos mil dólares.
El presidente Danilo Medina ha sido claro en que las condiciones de negociación entre la Barrick y el Gobierno dominicano tienen que ser cambiadas porque las actuales son inaceptables. Y el director de Aduanas, Fernando Fernández, debe mantener su firmeza de que la Barrick tiene que respetar la ley, debe actuar con transparencia y sin falsificar datos y tiene que afrontar las consecuencias de sus actos reñidos con el orden jurídico nacional.
