La Policía Nacional, finalmente ha sacado de sus filas a un paquete de agentes porque cometieron hechos que los colocaron al margen de la ley. La mayoría de ellos, 29 o 30, de aquellos que prestaban servicios en San Francisco de Macorís y protagonizaron el insensato asalto al palacio judicial.
La Policía se tomó su tiempo para adoptar las sanciones. Un tiempo razonable desde su lógico accionar, pero a golpe de la presión social.
Los hechos de San Francisco no podían ser manejados con paños tibios y mucho menos quedar impunes. Los policías se llevaron de encuentro el artículo 255 de la Constitución y pisotearon la disciplina interna. Más aún, humillaron a la justicia. Y eso no puede repetirse, nunca jamás.
Celebramos que se hayan adoptado las medidas condignas y se enviaran señales claras al resto de los hombres que componen el cuerpo policial.
Quizás estos acontecimientos constituyan una oportunidad para que la necesaria reforma policial sea parte de la agenda del Congreso Nacional, que la tiene engavetada, nadie sabe por miedo a qué.
Luto y dolor
Ayer se produjo una clarinada madrugadora contra el grave flagelo de la violencia contra las mujeres. Un grito necesario ante tanta sangre derramada.
No vamos a hablar de cifras. Deploramos que justamente en ese día se produjera una sentencia que preferimos no calificar desde el punto de vista del sentido de la ley. Nos limitamos a señalar que ha sido inoportuna. Y duele. Que dos juezas del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago dispusieran la libertad de un hombre acusado de matar a su mujer embarazada. Un juez se encargó de marcar la diferencia con la disidencia, probablemente interpretando el sentir de la sociedad.
La decisión mayoritaria de las juezas parece que se fundamentó en que se había vencido el período de vigencia de la coerción que se había impuesto al acusado, hace tres años. Penoso, lamentable, que en tan largo período no se conociera el fondo y que por un tecnicismo legal se emitiera ese fallo, justo ayer.
