Ciudadanos denuncian ruidos agresivos

Zonas céntricas del Distrito Nacional se ven afectadas a diario por la producción de ruidos contaminantes del ambiente y de la convivencia social.

Zonas céntricas del Distrito Nacional se ven afectadas a diario por la producción de ruidos contaminantes del ambiente y de la convivencia social. Ciudadanos y ciudadanas levantan quejas contra la contaminación por ruido desde los puntos más distantes del país. Desde Moca, provincia Espaillat, Franklin Torres denunció que las pasadas fiestas navideñas fueron aprovechadas por algunas personas de la ciudad cibaeña para hacer escandalosas competencias de música con vehículos especialmente equipados.

A través de elCaribe.com.do, Torres aseguró que los agentes de la Policía no enfrentan a los ruidosos, sino que cobran entre RD$50 y RD$100 por hacer caso omiso a las agresiones contra el entorno público y la vida privada.

En Bella Vista, La Julia y Los Manguitos, Distrito Nacional, un grupo de vecinos se ha organizado para solicitar el cierre de un supuesto negocio escandaloso que les hace “la vida imposible”. Molestos por la intensidad de los ruidos y la falta de acción policial, los ciudadanos han llevado sus reclamos hasta la red social Facebook, donde mantienen el grupo “Por la clausura de Bakkus por ruidos peleas, rompederas, plomazos y gritos”.

“Los niveles de ruido superan los 110 ó 120 decibeles, con varias fuentes al mismo tiempo. La ley establece un máximo de 55 decibeles, así que estamos en presencia de actitudes criminales por parte del establecimiento y de algunos de sus clientes”, explica el grupo en un artículo firmado con el correo electrónico de Carlos Tavárez.

Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales define la contaminación sónica como los “sonidos que por su nivel, prolongación o frecuencia afecten la salud humana, la calidad de vida de la población y el funcionamiento de los ecosistemas, sobrepasando los niveles permisibles legalmente establecidos, que son 65 decibeles en el día y 55 en la noche”.

Las denuncias se pueden presentar de manera anónima ante cualquier extensión de la Procuraduría de Medio Ambiente, que tiene presencia en todas las provincias del país. Los agentes de la Policía que estén de servicio en cualquier comunidad también están obligados a intervenir la producción de ruidos de cualquier tipo.

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