Imagine un decreto del Gobierno estableciendo como servicio público estratégico el negocio de “delivery” de comida a los hogares, luego del despido masivo de personal de servicio doméstico provocado por declaraciones que se produjeron en la pasada campaña electoral.El Gobierno, al reconocer que la gente necesita comer para vivir, decide que las empresas dedicadas al servicio de “delivery” deben proveerlo al precio que fija la Superintendencia de Comida (Sudeco), la cual promete ajustarlo mensualmente dependiendo de las fluctuaciones en el precio del aceite para cocinar.
Las empresas cocineras, sin embargo, cuando venden la comida a los negocios de “delivery”, ajustan mensualmente el precio hacia arriba o hacia abajo si el precio del aceite sube o baja, sin esperar autorización de la Sudeco. Los negocios de “delivery” deben facturar cada 30 días, lo que implica el otorgamiento de un crédito a cada uno de los hogares del país. El Gobierno decide también que las empresas cocineras y las que hacen el “delivery” deben ser empresas distintas.
Imagine que usted, al percibir el “boom” en la demanda de este servicio, decide montar un negocio de “delivery”. Su empresa entra al mercado, compra el servicio de comida a 19 pesos a la empresa cocinera y lo factura a 20 pesos a cada hogar. A diario usted se da cuenta que los “delivery boys” son frecuentemente asaltados en las calles y que muchos hogares que reciben la comida, toman la funda, la llevan a la cocina y luego regresan donde el “delivery boy” para decirle que de las siete raciones, sólo recibieron cuatro. En otras palabras, le roban tres.
Debido a lo anterior, los negocios de “delivery” comunican al Gobierno que mientras le pagan 19 pesos al cocinero, apenas están cobrando 14 pesos, debido a las pérdidas en el camino y al robo en la recepción de la comida.
El Gobierno, consciente de que los negocios de “delivery” no pueden sostenerse sin un apoyo del Estado, decide transferirle mensualmente la diferencia entre lo que pagan al cocinero y lo que cobran a los hogares, más un extra para inversiones que les permita reducir las pérdidas y el robo.
¿De dónde sacará el Gobierno el dinero? Del financiamiento que recibe de AceiteCaribe, un programa creado por un país hermano, gran productor mundial de aceite. El resto, extrayendo recursos a la inversión social, específicamente, a la educación. Después de todo, comer es primero.
Eso es lo que sucede en el sector eléctrico. Y seguirá así mientras no sometamos a la Justicia a los que asaltan en las calles o roban en sus hogares a los “delivery boys” y hagamos las inversiones que nos permitan reducir el robo y cocinar más barato.
