El Poder Judicial posee dos grandes ramas: la jurisdiccional y la administrativa. La primera se encarga de las decisiones y la segunda de múltiples funciones, entre estas, administrativa, financiera y disciplinaria.
Al poder político le interesa dominar o influir en la primera, asegurando impunidad. Sin embargo, la segunda puede contribuir a un mejor Poder Judicial. Si el juez siente temor a fallar conforme a derecho, por la amenaza de un proceso disciplinario injusto, de un traslado, o de la negación de un ascenso merecido, evidentemente decidirá apegado a las directrices, líneas, recomendaciones o presiones externas a su despacho, sean estas internas o externas al Poder Judicial.
Ahora, si en el Consejo del Poder Judicial el juez encuentra respeto, reconocimiento y cuidado por su labor, y siente que la institucionalidad es parte del sistema de justicia, entonces solo le guiarán la Constitución, las leyes y su conciencia.
Y el sistema mejorará, aunque sea levemente. El pasado viernes, hubo elecciones para escoger a los miembros del CPJ y sus suplentes para el período 2016-2021. Según el Comité Electoral “sufragaron 667 jueces y juezas del país, equivalente a un 98% de participación”, lo cual demuestra el espíritu democrático de los jueces y, para algunos, el deseo de cambio de rumbo de tan importante estamento.
En la elección hubo empate entre los aspirantes a suplentes de juez de Corte, por lo que habrá una segunda vuelta el próximo día 11. Los electos fueron Estanislao Radhamés Rodríguez, en la categoría de juez de Corte por un margen de apenas dos votos; Fernando Fernández, por los jueces de Primera Instancia y Leonardo Recio Tineo, por los jueces de Paz, estos dos últimos con amplios márgenes.
Entre los jueces de Primera Instancia hubo dos candidatos, ambos con grandes condiciones. La magistrada Rosanna Vásquez Febrillet, capacitada, humana y de trato exquisito quien muestra mucha independencia de criterio y, el ganador, Fernando Fernández, con más de 10 años en la carrera judicial y quien se desempeñaba como juez de Ejecución del Distrito Nacional, posee tres maestrías y varios cursos internacionales, además de fungir como docente en la UASD, y en la Escuela Nacional de la Judicatura.
En la propuesta a sus pares habla, esencialmente, de “institucionalidad… como un atributo básico, para que cualquier dependencia pública pueda lograr los objetivos para la que fue creada”; de seguridad social, procurando “lograr un Plan de Pensiones y Jubilaciones que beneficie a los jueces y juezas en retiro”; de evaluación de desempeño y de modificaciones importantes en los procesos disciplinarios.
En término general son buenas propuestas, ojalá resista las presiones –y las tentaciones- y se entregue cien por ciento a trabajar por sus pares, con eso ayudará a mejorar un poco la imagen de nuestra desprestigiada justicia.
¡Enhorabuena! l
