La destitución de Dilma Rousseff no resolverá nada, y de hecho será un capítulo más en una compleja crisis, que no parece tener fin. Esto así, pues el destituir a un jefe de Estado es una decisión grave, que debe contribuir a afianzar las instituciones democráticas, por lo que debe estar sustentada por argumentos constitucionales irrebatibles.
Resulta extraño que la señora Rousseff haya sido destituida sin estar acusada de delito alguno, incluyendo actos de corrupción, a pesar de haber presidido la petrolera Petrobras, durante un lapso de tiempo, cuando se cometieron mayúsculas irregularidades. De hecho fue destituida por maquillar las cuentas fiscales, antes de las elecciones del 2014, utilizando fondos de bancos públicos, para tapar temporalmente un importante déficit fiscal. No obstante, de acuerdo a muchos expertos legales, de dentro y fuera de Brasil, dicha irregularidad no constituye una causa que llene los requisitos legales para su destitución.
Y es que la señora Rousseff no podía ser acusada de ningún delito grave, pues de haber sido destituida por corrupción, Brasil se hubiera quedado sin gobierno, pues la corrupción abarca a la clase política, y a todos los partidos. De acuerdo a Los Angeles Times, de “ los 513 miembros de la cámara baja en el Congreso, 303 enfrentan cargos o están siendo investigados por delitos graves. En el Senado, lo mismo pasa con 49 de 81 miembros”. De hecho, de acuerdo a Foreign Policy, muchos políticos abandonaron la presidenta y tomaron el poder como único camino para intentar evitar o retrasar ser imputados, razón por lo cual la Sra. Rousseff declaró: “Como todo el mundo, tengo defectos y he cometido errores,” pero “mis defectos no incluyen la traición o la cobardía.”
Esta destitución tampoco ayudará a fortalecer la democracia en América Latina, pues la clase política tiene la posibilidad de denunciar lo ocurrido en Brasil sobre bases ideológicas, evadiendo discutir la raíz del problema: la ilegitimidad de una clase política, inmersa en un tinglado de corrupción y abuso de poder. Algunos líderes latinoamericanos, lastrados por el fracaso de una gestión incapaz y corrupta, han denunciado este “golpe derechista” contra las fuerzas “progresistas”, como si pudieran ser progresistas aquellos que se embolsillan el dinero público.
Los hechos, pues, resultan muy aleccionadores : El Partido de los Trabajadores, bajo Lula y Rousseff, logró altas tasas de popularidad, mientras el crecimiento de la economía brasileña permitió financiar programas sociales, que rebajaron la pobreza. No obstante, la estabilidad social lograda resultó frágil, pues la recesión económica y la crisis provocada por la corrupción política se entrelazaron y retroalimentaron. Un ejemplo emblemático es Petrobras, la empresa más grande de la región y símbolo -hoy deslustrado- de un Brasil emergente, que pasa por su propia crisis, resultado de su utilización como alcancía por los políticos.
