Un tribunal declaró inconstitucional la Instrucción General 01-2014 de la Defensoría Pública que limita la asistencia legal gratuita.El juez Samuel Castillo, de la Primera Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional, consideró que la disposición es contraria a los preceptos constitucionales que regulan el funcionamiento de la Oficina de Defensa Pública.
“Así como las garantías del debido proceso consagradas en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 69 de la Constitución de la República”, dice la sentencia.
En la decisión judicial también se intima a la Defensoría Pública para que en una próxima audiencia asegure que el imputado Próspero Silvio se encuentre asistido por un defensor técnico.
La defensoría limitó el servicio de asistencia legal gratuita a las personas con comprobada solvencia económica, en materia disciplinaria, conciliación en fiscalía, en casos de extradición, en los juzgados de Paz y de Tránsito.
