El Presupuesto es el instrumento de la administración financiera del Estado que ayuda a prever los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido para llevar a cabo la producción de los bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades públicas durante un período de tiempo, normalmente un año. Para determinar sus proporciones y comportamiento en ese lapso, generalmente se le compara con el comportamiento del producto interno bruto (PIB), que no es más que el valor monetario de los bienes y servicios creados por un país en un espacio, también, de un año.
Este debe ser preparado atendiendo a las necesidades básicas y a las prioridades definidas en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Multianual de Inversiones Públicas, en correspondencia con los niveles de desarrollo de las provincias, regiones o de las comunidades. Debe ser ejecutado de una forma racional, austera, eficiente, eficaz y transparente, siempre atendiendo a las demandas sociales, pues el país tiene muchos problemas pendientes por resolver y con muchas limitaciones económicas, por lo que los recursos recibidos deben ser manejados de manera correcta, con prudencia y honestidad, pues no se debe seguir dedicando recursos en áreas que no son prioritarias ni necesarias para el desarrollo del país y para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano.
El Presupuesto General del Estado para el año 2014 ha sido estimado en un monto de seiscientos cinco mil millones de pesos (RD$605,000,000,000), unos catorce mil setenta millones de dólares (US$14,070,000,000), el más alto en la historia del país, en términos nominales. Pero existen algunas variables que no se pueden obviar, como son: el servicio de la deuda externa, la cual consume en la actualidad alrededor del cuarenta por ciento (40%) del estimado de los ingresos corrientes, es decir, que de cada cien pesos que ingresen a las arcas del Estado, hay que destinar alrededor de cuarenta pesos para el pago de la misma; el alto costo de la energía eléctrica y los subsidios a la misma; el gasto en educación, etc., que consumen gran parte de dicho presupuesto.
La mayoría de las instituciones públicas preparan sus presupuestos sobre bases irreales, de manera mecánica, improvisada, es decir, sin tomar en cuenta cuáles son sus verdaderas necesidades, pues usualmente lo hacen sólo para cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Presupuesto N°423-06. Luego que les son aprobados esos recursos a veces no encuentran qué hacer con los mismos. Si analizamos la ejecución presupuestaria de varias de nuestras instituciones públicas, observamos que una gran parte de ellas dedica una gran cantidad de recursos a cosas que no les corresponden, que no son prioritarias, que se apartan de los objetivos y funciones para los cuales fueron creadas, según las leyes de nuestro país, muchas veces sin sentido.
Por ejemplo, instituciones que no tienen que ver con el deporte, salud, construcciones, electrificación, etc., destinan muchos recursos a la construcción de canchas, torneos y competencias deportivas; construyen clínicas rurales, carreteras, proyectos de electrificación, clubes, etc. Sin embargo, descuidan sus verdaderas funciones, dejando de cumplir con las responsabilidades que sí están obligadas a ejecutar y para las cuales fueron creadas. Casi siempre esto se hace con el objetivo de que sus incumbentes se proyecten y promuevan políticamente.
Hay instituciones que no ejecutan la totalidad de los recursos destinados a las partidas consignadas durante el año fiscal y mantienen sumas de dinero ociosas, depositadas en certificados a plazos fijos en determinados bancos del país, sin ningún objetivo trazado, por lo que al final de dicho período se sienten presionadas y no encuentran cómo ejecutarla. Observamos que dedican recursos a cosas no previstas: Viajes de funcionarios al exterior, en talleres y seminarios; cambio de vehículos, muebles y equipos; en la construcción, ampliación o remodelación de las oficinas; en regalos, canastas de navidad costosísimas, en gastos de publicidad, etc., todo esto con el pretexto de que hay que agotar el presupuesto asignado a como dé lugar, porque de lo contrario, la parte no agotada se le reducirá del presupuesto del año próximo.
Estas medidas ponen en evidencia una falta de sensibilidad humana y de vocación de servicio, además de que violan la ley 423-06 sobre presupuesto, incurriendo a una mala calidad del gasto público y en actos de corrupción.
En conclusión, todos los recursos que se destinen a áreas que no estén acorde con los objetivos para los cuales fue creada la institución, consideramos que deben ser reducidos del presupuesto del próximo año, a menos que en un momento de emergencia o de calamidad pública, debido a un desastre o al paso de un fenómeno natural, estén autorizadas a hacerlo por órdenes del Poder Ejecutivo, a través de un decreto, pero siempre que sean en áreas prioritarias y necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Zapatero a sus zapatos”.
