La República Dominicana es reconocida en la región por los avances logrados en materia de administración electoral. El país se ha convertido en un referente en la aplicación de procedimientos y tecnología que garantizan eficiencia y un mínimo de transparencia en la organización de las elecciones, sobre todo durante el día que estas se desarrollan. Nadie pone en dudas la calidad del padrón electoral, la idoneidad en la integración de los colegios electorales y la formación de sus miembros o el efectivo funcionamiento de la logística electoral.
Sin embargo, la calidad e integridad de un proceso electoral va más allá del día mismo de las elecciones. Lo que pasa meses antes de la fecha en que los electores ejercen su voto es cada vez más relevante. Algunos consideran que las elecciones se ganan o se pierden antes de las votaciones, es decir, durante la campaña. Por esta razón, es fundamental que se creen las condiciones para que las distintas opciones políticas tengan la posibilidad de competir en un escenario donde no existan ventajas o privilegios para ninguno de los contendores. En esta fase previa al proceso electoral, las instituciones de la democracia dominicana no han cumplido con su tarea.
El país es de los más atrasados en América Latina y el Caribe en lo relativo a la existencia de un marco jurídico que asegure la equidad en la competencia electoral, la inclusión y la transparencia del financiamiento político. La ley electoral No. 275-97 se tornó obsoleta desde la reforma constitucional del año 2010; al tiempo que ha habido resistencia para aprobar una ley de partidos políticos y la JCE renuncia a su rol de reglamentar las campañas, conforme lo establece el artículo 212 de la Constitución. Para no fiscalizar, el órgano electoral apela a subterfugios jurídicos, como los argumentos utilizados para rechazar el reglamento de la campaña electoral propuesto por uno de sus miembros.
De todas formas, la aprobación de algunas medidas cautelares como la suspensión temporal de los fondos de gestión social del Congreso, la prohibición de propaganda electoral en las cuentas de los órganos estatales o la distribución equitativa de espacios en los medios de comunicación del Estado, ayudan a la promoción de una competencia electoral más igualitaria. En la práctica, la JCE deberá ir más allá en materia de control, si en verdad quiere contribuir con la calidad de la campaña. Aunque esta vez no se pudo, ojalá se creen las condiciones para que el país avance hacia una mayor regulación y fiscalización de las campañas electorales en procesos venideros.
