Imputados vuelven a pedir extinción de plazo en caso Bahía

El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Rodríguez acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en&#82

El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Rodríguez acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata, solicitaron al tribunal que conocerá el nuevo juicio en su contra declarar la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso.

El Ministerio Pública fue entorpeciendo su propio proceso al abrir varios apoderamientos contra los imputados basados en la misma acusación, siendo apoderado dos tribunales del mismo caso, lo que llevó a la suprema a designar uno para que conozca el proceso de manera exclusiva, dice la instancia depositada por ante la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

En documento indica además que el querellamiento sobre el caso se produjo en fecha 18 del mes de marzo de 1997 y el entonces procurador general de la República en fecha 30 de junio de 1997 realizó un sometimiento judicial contra varias personas entre ellas los hoy accionantes.  

En consecuencia, a la fecha de 16 de abril de 2013, según los imputados, el proceso tiene cumplido 15 años, 10 meses y 16 días.  “El artículo 148 de código procesal penal dispone que la duración máxima de todo proceso es de tres años contados a partir del inicio de la investigación, con lo cual, el Ministerio Público ha sido ventajosamente complacido, lo que ha sobrepasado el plazo establecido legalmente para su toma de decisión”, alegan los imputados en su solicitud.  

Además indican que los imputados jamás solicitaron aplazamientos o suspensión de audiencia en ninguna de las instancias recorridas.  

El juzgado dio un nuevo plazo a la Fiscalía para que pueda presentar pruebas que reposan en la jurisdicción del Tribunal de Tierras.

 

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