La aplicación sin consenso del reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo es objetada por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), que alega que ello implicaría grandes costos y duplicación de gastos a los empleados.
Wadi Cano Acra, presidente del gremio, hizo la advertencia al nuevo ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, para que se retome el diálogo que iniciaron a principio de año con el anterior incumbente.
Explicó que el Reglamento 522-06 fue objeto de una prueba piloto entre empresas miembros de la entidad, con el resultado de que apenas pueden cumplir el 40% de la normativa. “Esto se debe a los cuantiosos recursos requeridos para llevar a cabo los cambios operativos y de infraestructura que trae consigo el reglamento”, adujo a través de una nota.
La entidad empresarial se refirió a la cobertura de exámenes médicos pre-empleo, contratación de médicos ocupacionales, establecimiento de consultorios médicos y otros controles que -desde su punto de vista- ponen a la mediana y pequeña industria contra la espada y la pared.
Cano Acta sostuvo que el reglamento contiene estas exigencias pese a que ya las empresas tienen una carga fija en el sistema de seguridad social, especialmente en lo que respecta al aporte del 1% del salario del empleado -que ya se expresa en RD$9,000 millones ociosos en el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Trabajo-.
Afirmó que la inaplicabilidad del reglamento queda evidenciada en los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 35 empresas, que arrojó el resultado de que apenas pueden cumplir con el 45% de las disposiciones del reglamento.
La AEIH planteó que el bienestar del capital humano es básico para mejorar la productividad, pero consideró que es imposible lograr esa meta restando competitividad a las empresas, porque a la postre se perjudican los propios trabajadores y se sacrifican puestos de trabajo.
