La República Dominicana lleva casi medio siglo en un proceso de construcción democrática, y pese a ello todavía no tiene un régimen electoral y ley de partidos acordes con estos tiempos, que tienda a superar los lastres del sistema clientelar y de manipulación de resultados que todavía predomina en el ejercicio de la política.
Culpa de todos, se dirá, pero en estos momentos recae sobre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la grave responsabilidad de contribuir a resolver ese mal de fondo que permea los procesos electorales.
La ley de partidos y la actualización de la legislación electoral constituyen una materia vieja, postergada sin razón de ser. Le corresponde fundamentalmente al PLD, como organización que se define progresista, con mayoría en el Congreso, propiciar la necesaria reforma, que contribuya a fortalecer la confianza en el sistema, en un momento clave, en el cual la oposición está muy fraccionada y debilitada. No sería una generosidad peledeísta. Es su deber como garante de la gobernabilidad democrática. Como administrador del Estado.
Una ley de partidos y un estatuto que empoderen de mayor capacidad de control a la Junta Central Electoral (JCE), sobre el desempeño de la campaña, pueden fortalecer las condiciones propiciatorias del marco regulatorio en la campaña electoral.
Hay que reconocer la actitud del presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, cuando advierte que “la no aprobación de las Leyes de Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas se constituye en una seria amenaza para la sanidad de las próximas elecciones generales…”.
Y como afirma, la ausencia de ese marco jurídico impide a la JCE avanzar como lo demandan estos tiempos en la regulación del uso de los recursos públicos y privados, de la propaganda y del activismo electoral en sentido general.
Cierta oposición, en vez de alentar dudas hacia la JCE, lo que debe es presionar para que definitivamente el PLD asuma seriamente la decisión de contribuir en la aprobación de la nueva ley electoral y de partidos.
El PLD no tiene excusas para no hacer realidad tan importantes normas para la democracia dominicana. Mañana se lo reconocerán.
