El predominio del presidencialismo en la historia dominicana, por las facultades que la Constitución le otorga al Ejecutivo, incluida la moderna del 2010, y especialmente, por el poder que concentró esa figura durante las dictaduras, es perceptible cómo suele situarse sobre los demás poderes.
Si bien la democracia se fundamenta en la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y nuevas figuras han surgido en la vida institucional, como el Tribunal Constitucional, o el sistema arbitral para la renovación del poder, como las instancias electorales, o el pobre poder municipal, cada vez más debilitado, es obvio que pese al pregonado sentido de equilibrio de los poderes, algunas tendencias sugieren que el Ejecutivo pareciera obrar desde una perspectiva de supremacía.
En lo que es la dinámica del ejercicio del poder, la principal causa de esta situación no se explica necesariamente en la instancia del Ejecutivo, sino en el proceder de los otros poderes, que por omisión o genuflexión renuncian a sus prerrogativas. Y no es que no se comprenda que el Ejecutivo tiene por su naturaleza un amplio espectro, como jefe de la política interior y exterior, de la administración civil y militar, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía y los demás cuerpos de seguridad del Estado, más las otras atribuciones previstas en los acápites 1), 2) y 3) de la Carta Magna.
Es por lo que acabamos de presenciar con la aprobación complaciente del Presupuesto y Ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo. Sin más ni más, los señores legisladores optaron por acogerse a una sugerencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo de no tocarlo en ningún sentido. Simplemente, llenaron un ritual para darle legitimidad a lo que se considera el instrumento de desarrollo nacional.
En una palabra, que si el Ejecutivo encarna en sí mismo un inmenso poder, el mismo cobra mayores dimensiones por el arrodillamiento voluntario del Congreso y el silencio del Poder Judicial.
¿Obediencia debida? ¿Disciplina partidaria? En cualquier caso, un penoso resultado: pobreza institucional.
