Las autoridades están inquietas con el llamado a la desobediencia civil que realizó un religioso después que el Poder Ejecutivo observó la ley que declaró la loma Miranda como parque nacional. Quizás eso explica que una marcha de universitarios hacia el Palacio Nacional, a la que concurrieron entre 25 y 30 personas, un contingente policial de 200 efectivos acordonara en forma desproporcionada el área donde se alojan quienes reclaman al gobierno.
Probablemente, otros discursos alertaran igual al Ministerio de Interior y Policía, y a la misma Presidencia de la República, que desde el viernes llamaran a la paz.
La reacción de las autoridades quizás está motivada en los términos de algunos de los
defensores de la loma, que incitaron “a romper vidrios, quemar gomas o tirar basura a las calles”. No sabemos qué otra información dispondrán las autoridades que justifique su manifiesto estado de alerta.
Hasta donde entendemos, la defensa de la loma Miranda es un ejercicio cívico, ciudadano, a partir de la convicción de que contiene recursos fundamentales como el agua, y siendo así no debe ser explotada. Quienes piensan de ese modo tienen todo el derecho a expresar su inconformidad con el destino final de la ley.
Las autoridades están en el deber de velar para que las decisiones que incumben al Estado se afirmen en la legalidad, los derechos adquiridos, los procedimientos administrativos, las competencias y los intereses de la Nación. Es una responsabilidad que no pueden dejar al socaire, en atención a criterios de popularidad o debilidad frente a quienes, sobre la base de que sustentan los criterios más justos, tienen derecho no sólo a protestar, sino a recurrir a vías que los pueden colocar al margen de la ley.
Ayer, el movimiento que pide que loma Miranda se quede como está, acordaron continuar su lucha, con todo vigor y energía. Tienen todo el derecho y alabamos que lo hagan pacíficamente.
En la sociedad democrática predominan las ideas, las razones, no el terror ni el miedo. Deben prevalecer la ley y el orden, y en eso deben estar de acuerdo gobernantes y gobernados. l
