Colombia (AP) — Congresistas y directores de medios de comunicación criticaron el miércoles un proyecto de ley que crea nuevos requisitos para entrevistar a personas detenidas en prisión, calificado de mordaza a los medios.
La iniciativa está contenida en uno de los 91 artículos de un proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que fue aprobado la noche del martes por 103 votos a favor y seis en contra en la Cámara de Representantes.
El proyecto aún debe recibir el visto bueno en dos debates en el Senado, lo que se espera que ocurra en la segunda mitad del año. Senadores anticiparon que votarán en contra del artículo que contempla que un juez podrá negar una entrevista de un detenido, ya sea condenado o en proceso, si considera que afecta la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial o la seguridad del establecimiento de detención.
Actualmente los periodistas colombianos pueden entrevistar a los presos -ya sea en persona o por teléfono- con la autorización judicial, pero sólo con el visto bueno del detenido y sin los condicionamientos sobre seguridad.
Tal artículo fue propuesto por el Ministerio de Justicia cuya titular, Ruth Stella Correa, la ha defendido ante los parlamentarios con el argumento de que, por ejemplo, algunas entrevistas pueden alterar el curso de un proceso judicial. La ministra no atendió de inmediato llamadas de The Associated Press para conocer su opinión.
Incluso desde la bancada del oficialismo la norma es criticada y se anticipa que no superará el debate senatorial.
«Me parece absolutamente inconveniente el artículo 66 de la reforma del Código Penitenciario» sobre la potestad del juez de negar o conceder una entrevista porque «limita la libertad de información y además la libertad de expresión de los propios sindicados no condenados», aseguró telefónicamente Roy Barreras, presidente del Senado, al referirse a la polémica iniciativa.
«Lo más probable es que el Senado elimine ese artículo», advirtió Barreras.
En igual sentido se pronunció Augusto Posada, presidente de la Cámara de Representantes, para quien el mencionado artículo va en contravía de la libertad de prensa.
«Si no existiera libertad de prensa, ¿cuántas injusticias se cometerían?», se preguntó Posada en diálogo telefónico. Gracias a la labor de los periodistas, agregó el representante, «¿cuántas injusticias se han evitado, cuántas injusticias se han logrado corregir?».
El director del canal de televisión RCN, Rodrigo Pardo, dijo que el artículo es un mecanismo de censura. «Me parece atroz, me parece que es una censura abierta y estoy seguro de que al final la Corte Constitucional lo terminara tumbando», observó Pardo en conversación telefónica con la AP.
En tanto, Fidel Cano, director del diario bogotano El Espectador, el más antiguo de Colombia, dijo que las limitaciones para entrevistar a los presos son «una cortapisa a la libertad de prensa y a la libertad de información».
Limitar el acceso a los detenidos «no es la manera de garantizar una mayor justicia. Creo que nos están achacando a nosotros (los periodistas) los errores de la justicia», agregó Cano.
También rechazó la propuesta el ex diputado provincial Sigifredo López, quien estuvo secuestrado entre 2002 y 2009.
López estuvo preso tres meses en 2012 luego de que la Fiscalía equivocadamente lo acusó de haber instigado en 2002 el secuestro de 11 de sus compañeros diputados de la asamblea del departamento de Valle del Cauca que, finalmente, fueron asesinados en cautiverio por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Si no hubiera sido porque Colombia entera conoció a través de los medios de comunicación la injusticia que se estaba cometiendo conmigo, hoy yo todavía estuviera detenido y quizá condenado a 60 años de cárcel» por cargos de secuestro, enfatizó telefónicamente López, un abogado de 49 años a quien tras su liberación la Fiscalía General le pidió perdón públicamente por el error cometido.
«En una verdadera democracia», dijo López, «una justicia fuerte no tiene por qué tenerle miedo a que los medios de comunicación y la opinión pública conozcan qué está pasando con los procesos».
