Un poco tarde, algunos sectores han expresado disconformidad con el aumento de las sanciones penales a los jóvenes en conflicto con la ley, en particular, el incremento de cinco a ocho años de reclusión en un centro especializado cuando cometen crímenes mayores, como homicidio, lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, robo agravado, secuestro y tráfico de drogas narcóticas.
Los menores en la República Dominicana son considerados bajo un estatuto especial previsto en la ley 136-03, un verdadero régimen de amparo que rodea a esas personas de todas las garantías de derecho.
La sociedad, azotada por la violencia, se ha visto en la obligación ineludible de ampliar el marco del alcance de la justicia a menores, lo mismo que, en general, tipificar nuevas figuras delictivas. Es que cada vez aumenta el número de adolescentes involucrados en la criminalidad, sin límites ni medidas respecto a los diferentes tipos de acciones ilegales.
Las autoridades saben que algunos jóvenes menores de edad son captados por bandas de alta letalidad. Les organizan un modo de vida y los desarraigan de tal forma que provocan un desapego absoluto de sus raíces. ¿Cómo considerar a esos muchachos?
Al margen de los problemas de índole social, marginalidad o exclusión, se trata de esquemas nuevos que pocos pueden admitir o entender, donde los menores son parte de una organización criminal, con un grado de participación espeluznante.
En todo caso, si nos desentendemos de esa realidad, la ley de protección al menor prevé todo un rango de asistencia y gestión en favor de los adolescentes, que sólo en situaciones extremas como las comentadas, o de reincidencias excesivas, recibirían sanciones mayores.
Si concedemos razones a quienes consideran que la sociedad fracasa cada vez que se aumentan las sanciones penales a los justiciables, porque no logra llenar las necesidades esenciales de sus miembros, al mismo tiempo habría que observar cuán temprano se colocan al margen de la ley, a veces antes de que se pueda ir en su auxilio.
