Uno de los mayores dolores de cabeza para el Estado dominicano, dada la dimensión del desorden que implica, es el de la titularidad de la tierra, ya que alrededor del 56% de los terrenos que no son propiamente públicos no están registrados, tienen un registro extralegal o no tienen títulos definitivos. Esta situación se torna mucho más compleja en lo que al Gran Santo Domingo se refiere, en donde los terrenos que ocupan alrededor de 500,000 personas están en esa situación y los ocupantes viven entre las amenazas de desalojo o la presión de llegar a acuerdos de pagos con dueños verdaderos de terrenos y otros alegados que los reclaman.
Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, una ONG que se dedicada al estudio y al planteamiento de soluciones de esta situación, señala que ejemplo de ello es la circunscripción 3 del Distrito Nacional, compuesta por 14 barrios y 360,592 habitantes, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Familia del año 2010.
La circunscripción 3 del Distrito Nacional corresponde al polígono limitado al norte por los ríos Isabela y Ozama; al sur por la avenida San Martín y avenida México; al este por el río Ozama, y al oeste por la avenida Máximo Gómez.
Los barrios ubicados en dicha circunscripción se fueron construyendo sobre la base de masas humanas empujadas por el Estado a ocupar dichos terrenos, algunas de cuyas parcelas eran públicas y otras privadas, pero expropiadas en su momento y no pagadas a sus dueños, que a partir de los años 60 comenzaron a reclamarlas.
Estos barrios son La Zurza, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril, Ensanche Espaillat, María Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa Francisca, Domingo Savio y Gualey. “La mayoría de las parcelas donde están ubicados estos barrios presentan algún tipo de problemas con la titularidad y en muchos casos quienes ocupan las edificaciones han sido o son objeto de hostigamiento por parte de alegados propietarios”, dice Batista.
Y la salida ha sido, en gran parte de los casos, lograr acuerdos de pago a través de empresas inmobiliarias creadas por los propietarios originales, como es el caso de la familia Vicini, que ha buscado esta alternativa. Sin embargo, dice Batista, otros casos se han resuelto por la vía del desalojo forzoso, en principio patrocinado por el Estado mismo a través de la intervención del Gobierno Central, y en otras, sobre todo a partir de los años 90, otorgando la fuerza pública a reclamos particulares, a los que el Estado mismo ha beneficiado en el afán de adjudicarse terrenos públicos de forma irregular.
Isabelita y Los Tres Brazos
A esta situación se suman otros casos, en la provincia Santo Domingo. En el sector Los Tres Brazos unas 25,000 familias (más de 125,000 personas) que tienen unos 30 años residiendo en terrenos de la antigua Fábrica Dominicana de Zapatos (Fadoc) son amenazadas por la empresa Titulatec de ser desalojadas. La empresa alega que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) le vendió un millón 213 mil 861 metros cuadrados en las parcelas 153-A-1 y 155 por RD$80 millones, sin tomar en cuenta que estaban habitados. El caso está detenido, momentáneamente, debido a la intervención del presidente Danilo Medina.
Mientras que en el sector San José, del Ensanche Isabelita, desde el año 1997 unas 3,000 familias, es decir, unos 15,000 habitantes, están siendo demandados en desalojo por la empresa Provelco, que posee documentación que la acredita como dueña de esas parcelas, y aunque el Tribunal Superior Administrativo desautorizó un desalojo masivo, la decisión fue apelada por los alegados propietarios.
Esas familias llevan más de 40 años residiendo en el lugar, amparadas por el decreto 90-74 emitido durante el Gobierno de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, pero admiten no poseer títulos de propiedad.
Situación similar de titularidad se presenta en el Residencial José Contreras, ubicado sobre la calle del mismo nombre adyacente al Parque Mirador del Sur, que también fue entregado por Balaguer a los ocupantes sin los títulos correspondientes. También en el sector Los Frailes se dan situaciones similares, especialmente con unas 3,000 familias que durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, en 1985, ocuparon varias parcelas del Estado, y cuando iban a ser desalojadas, el entonces secretario de la Presidencia, Hatuey De Camps, paró el desalojo.
Pero desde hace más de 15 años particulares alegan que compraron los terrenos al Estado y amenazan con desalojar a los ocupantes, algunos de los cuales han logrado sacar.
A juicio de Román Batista, igual que como sucede en la mayoría de los barrios con problemas de titulación, si el Estado los colocó ahí y la gente que los habita adquiere una prerrogativa de derecho, porque son los que les han dado el valor que tiene la tierra porque han construido un barrio. En Sabana Perdida también sucede lo mismo en Lotes y Servicios, donde 2,000 familias reciben amenazas de desalojos de terrenos que alegan son del Estado, pero también reclamados por personas particulares.
La Caleta y Boca Chica
Un caso complejo es el de La Caleta y Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, donde aproximadamente unas 100,000 personas (alrededor de 20,000 familias) disputan la tierra donde habitan debido a que personas particulares las reclaman.
En Monte Adentro, por ejemplo, una firma ha querido expropiar a otra que tiene una titularidad anterior, con la complejidad de que la familia que la habita, junto a otras 5,000 personas, vive ahí desde 1882, y todavía en el 2015 la Jurisdicción Inmobiliaria conoce el caso.
En La Caleta y Boca Chica están en litigios las parcelas 218, 486, 213, 487, 488, 479, 333 y 355, entre otras, las cuales han sido vendidas y revendidas hasta cinco veces, a pesar de que quienes las habitan tienen títulos desde principio de siglo.
Sócrates Peguero, de la Red Urbano Popular y residente en La Caleta, mostró documentos al respecto, e identificó a las familias Carbuccia, Castro, Mojica, Aponte, Mella, entre otras, como reclamantes.
El origen
Román Batista tiene claro de dónde viene el problema, y con planos, títulos y documentos como decretos presidenciales en mano, lo explica.
Recuerda que durante la ocupación estadounidense de 1916 los ocupantes crearon el Sistema Torres como sistema de registro de propiedad de la tierra, el cual pre establece que el Estado es el dueño de toda la tierra, y el propietario tiene que demostrar que tiene el título y si la compra tiene que asegurar que la tierra tiene título. Luego, con la asunción de Trujillo al poder ocurrió el ciclón San Zenón, que impactó a los lugares más distantes del centro de la ciudad, precisamente los que ocupan la parte norte de la ciudad, y dado el desastre, la población afectada se aglomeró en las vías públicas y el Estado los mandó a ocupar lo que hoy es el Mejoramiento Social y el María Auxiliadora, y ya en 1931 esos terrenos se habían ocupado.
En 1945, el Gobierno planificó construir el Barrio Mejoramiento Social, precisamente, donde había mandado a la gente afectados por San Zenón, y la gente que vivía ahí las llevaron al Ensanche Caridad, hoy Capotillo, y a Farías, hoy Ensanche Luperón, quedando establecido así que era el Gobierno quien empujaba a la gente a ocupar terrenos, y en consecuencia la gente lo habitó.
En 1950 se creó el Plan Trujillo de la Ciudad, que viene a consolidar la idea de expandir la ciudad urbanizada, y se hacen las grandes construcciones de la ciudad, como el puente Duarte, la calle Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Los Guandules, y se diseña el Ensanche Luperón, y la gente que vivía en esos lugares, que para entonces se llamaba Galindo, entonces se tuvo que mudar, y la población quedó dispersa en poblados de la zona norte.
A finales de los años 50 sectores como Gualey, Los Guandules, Las Cañitas, Simón Bolívar no estaban ocupados y la gente comenzó a ir hacia allá. Cuando Trujillo es ajusticiado, muchos propietarios que fueron expropiados comenzaron a reclamar su tierra, a las vez que se produjo una oleada de ocupaciones de terrenos, que entre finales de los años 60 y finales de los 80 vino del campo a la ciudad. Y esa gente se instaló en los lugares que había sido desalojada por el Gobierno.
Más de 103,000 desalojados en 13 años
La lucha por la titularidad de la tierra urbana en el Gran Santo Domingo ha dejado más de 100,000 personas sin hogar desde el año 2000. De acuerdo con un estudio de la Red de Coordinación Urbana, entre el 2000 y el 2013 al menos 103,865 personas fueron desalojadas forzosamente. Contabiliza que en La Cueva de Valiente fueron desalojadas 8,000 personas, en Villa Esfuerzo 500, Vista Alegre (La Caleta) 2,000; Altos de Chavón 10,000; Altos de Brisas del Este 25,000; La Franja de Valiente 40,000 y Los Solares de Brisas del Este 2,000. Mientras que están bajo amenaza de desalojo 25,000 personas en el Ensanche Isabelita y en la ribera del Ozama 1,500.
