Dos noticias recientes llaman poderosamente la atención. La primera es la denuncia de torturas físicas a dos jóvenes en un destacamento de la Policía Nacional ubicado en Los Alcarrizos; la segunda es la información sobre una organización de carácter criminal que se dedicaba a “vender niños” a extranjeros para sacarlos del país, y que tenía como centro de operaciones al municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez.
El caso de los jóvenes supuestamente torturados en el destacamento de Los Rieles en Los Alcarrizos, debe despertar la conciencia ciudadana y la opinión pública nacional, en torno a métodos prohibidos por violatorios a los derechos humanos usados por miembros de la Policía Nacional. El tema no es nuevo, ni aún el “candado puesto en el orificio dejado por la herida de bala” lo es. Pero, permite un intento de corrección de estos abusos policiales.
La Policía Nacional es una institución complicada y estratégica a la vez, pero aún posee un esquema y métodos de guerra fría, actuando a veces de espaldas a la ley que debe cumplir, razones por las que ha perdido espacio en la confianza pública.
Imputarles a miembros de la institución que las torturas fueron por “peaje”, o para “no hacerle un expediente” es grave. Al respecto y ante esta denuncia, la Policía Nacional inició una investigación, sometiendo a los tribunales ordinarios a los imputados de manchar el uniforme gris, a quienes se les impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva.
La Justicia deberá establecer consecuencias, si procede. Ahora bien, lo que debe empezar sin detenerse es la profilaxis policial.
La segunda información, sobre trata de personas, impone múltiples lecturas. Desintegración familiar y pobreza extrema, de un lado y, quizás, el inicio de serias investigaciones para combatir con todo “el peso de la ley” a los infractores de este tipo penal, por el otro.
El tráfico ilícito de migrantes y trata de personas suelen confundirse, incluso por técnicos. Más, aunque tienen puntos en común –Organizaciones criminales, a veces con tentáculos en varios países que trafican con personas de cualquier edad, sexo y nacionalidad, con lo que obtienen grandes ganancias-, no es menos cierto que sus diferencias son muchas. Siendo básicas, para solo poner un ejemplo, lo relativo al “consentimiento”. En el tráfico la persona otorga el mismo por su deseo de moverse hacia otro país, mientras que en la trata este se obtiene normalmente por amenaza o engaño.
El tráfico ilícito de migrantes es más fácil de probar. Un ejemplo bien práctico sería un vehículo que cruce la frontera con nacionales haitianos ilegales. Por esto existen varias decisiones de la Suprema Corte de Justicia al efecto.
La trata de personas es más complejo, difícil de probar y más lucrativo. De esto aún no hay decisiones de la Suprema Corte, sólo de Tribunales de Primera Instancia, confirmadas ya por las Cortes de Apelación correspondientes.
Como se ve son delitos complejos. La Constitución de 2010, en su artículo 41, prohíbe “…en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas”. Y, para el caso particular de los “niños” envueltos en la información del municipio de Cabrera, más que la Ley No. 137-03 sobre “Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”, se debe tomar en cuenta lo que establece el Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Ley 136-03, en sus artículos 404 sobre “Sanción por entrega de Niño, Niña o Adolescente a cambio de recompensa”, con posible pena de reclusión de tres(3) a diez (10) años y multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimo; y el artículo 409 sobre “Sanción por comercialización de Niños, Niñas y Adolescentes” cuyas penas serán de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) salarios mínimo, y cuya tentativa “se castigará como el crimen mismo”.
Finalmente, el caso de la “venta de niños a extranjeros a 10 mil euros”, destapado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas que dirige el Fiscal Jonathan Baró, y la Fiscalía de la Provincia María Trinidad Sánchez, es un buen síntoma a fin de empezar a poner números positivos como país en la lucha contra este flagelo.
