En octubre pasado el gobierno presentó públicamente la difícil situación fiscal que confrontaba como justificación para introducir una nueva reforma tributaria; lo que provocó un contundente reclamo de responsabilidades contra los supuestos generadores de dicho déficit.
Seis meses después, la percepción general ante la ausencia de datos oficiales por la falta de publicación de la ejecución presupuestaria, es que sucedió con la reforma lo que muchos advertimos que sucedería: afectó aún más a los sectores productivos provocando una mayor reducción de las ventas, lo que a pesar de la aprobación de una amnistía, ha impactado en las expectativas de recaudación.
Se percibe igualmente que no se ha avanzado en alcanzar las metas recomendadas por el FMI en su comunicado de noviembre de 2012: esto es reducir la relación deuda pública respecto del PIB a alrededor del 35%, nivel que tenía en 2007-2008, cociente que se percibe que más bien ha aumentado luego de la última emisión de bonos de US$1,000 millones y, en mejorar la transparencia de las operaciones del sector público, particularmente en “comunicar sus planes de políticas presupuestarias y publicar regularmente informes sobre su ejecución”.
Tampoco en “establecer rápidamente un programa integral de reforma del sector eléctrico”, el cual, según el FMI, debe incluir mecanismos de ajuste de las tarifas, medidas para mejorar la eficiencia y la estabilidad del suministro de electricidad y la viabilidad financiera de las distribuidoras. Muchos entienden que el Presidente hace galas de malabarista para poder mantener el equilibrio entre su accionar como jefe del gobierno y su interacción con sus compañeros del Comité Político de su partido. Al tiempo que lucha por obtener los ingresos necesarios para poder postergar medidas que puedan afectar sus niveles de popularidad y poder avanzar en las ejecutorias de sus promesas.
Mientras, algunas obras públicas se anuncian y se continúa discutiendo el aumento salarial de los maestros, ejecutado pero aún no aceptado por la ADP y se avizoran nuevas demandas de aumentos salariales de otros sectores sensibles como los policías, y el Presidente se traslada semanalmente a distintas comunidades en las que recibe demandas y da algunas promesas; nadie sabe a ciencia cierta cuál será la fuente de financiamiento y sostenibilidad de tales acciones.
Parecería que todos los planes y ejecutorias del presente gobierno dependen de los ingresos adicionales que puedan entrar como resultado de sus negociaciones con la minera Barrick, en adición a mantener los que recibe de PetroCaribe. De hecho, todo luciría estar suspendido hasta que las mismas concluyan. Lo que nadie sabe es si el Gobierno tiene un plan B para afrontar los muchos problemas que existen, en caso de que los resultados obtenidos no sean los esperados.
Como dice un viejo refrán, no pueden ponerse todos los huevos en una sola canasta. Esperemos que nuestras autoridades así lo entiendan y no demoren más en dar señales claras sobre cuáles son sus planes para avanzar en la consecución de los objetivos principales que tiene por delante.
