Ya hemos advertido sobre la inconveniencia de una reforma constitucional en estos momentos, singularmente promovida por dos figuras de la oposición. Abogan por la necesidad de habilitar al presidente de la República que en lo inmediato declinó participar en las elecciones próximas. Los reformistas tardíos sustentan sus consideraciones en favor de la necesidad de la reforma en el “elevadísimo costo” que tendría el proceso electoral en marcha.
Uno de ellos es sistemático en afirmar que la democracia tiene un costo, y la celebración de elecciones es parte. Claro, un gasto razonable, porque en forma alguna se debe dispendiar los recursos en nombre de la democracia.
Se promueve la unificación de los comicios municipales con los congresuales y nacionales con el supuesto propósito de reducir los RD$16 mil millones que costarían las elecciones si resulta necesaria una segunda vuelta en el nivel presidencial, la cual, en cualquier caso, es inevitable realizarla. Es regla de la democracia.
Si nos fijamos bien, quienes alientan la unificación de las elecciones por el “alto costo”, son quienes pusieron el mayor empeño para que fuesen incluidas en la ley de partidos las primarias para elegir a los candidatos, precisamente, en nombre de una mayor participación de los ciudadanos.
Es necesario recordar que la separación de las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales no fue el resultado de una idea peregrina. Esa separación está vinculada a la fundación misma de la República y a la aspiración general de descentralización y fortalecimiento del poder local o municipal.
República Dominicana no es el único país del mundo donde las autoridades municipales son escogidas de forma separada de la principal autoridad y de los legisladores.
Pero además, ese régimen existe en nuestra normativa desde 2010, y es ahora que se observa el “inconveniente”.
Insistimos en que lo más adecuado para los actores políticos y la sociedad toda, es que los partidos sigan concentrados en sus procesos internos para escoger sus candidatos, y que la Junta Central Electoral (JCE) continúe trabajando para que las elecciones de 2020 se celebren en paz.
Se persiste en un debate, pero más adelante habrá tiempo para debatir cualquier nueva idea.
