Contrario a la vulgar creencia, no siempre el presidente de la República es en apariencia la figura más poderosa de un gobierno. Se han dado casos en los que un subordinado, por su capacidad discrecional para otorgar contratos, se erige por temporadas como dueño y señor de los escenarios. Su influencia alcanza a penetrar sectores en los medios para intentar cubrirse contra toda posibilidad de dejar al descubierto sus malas prácticas, esfuerzo que al final queda afortunadamente pulverizado por la terquedad de algunos periodistas de mantenerse fieles a su obligación de auscultar los tejidos cancerosos de la sociedad.
Ha sucedido en infinidad de oportunidades y seguirá ocurriendo. En algunas administraciones, por su magnitud, no pudieron mantenerse en secreto por mucho tiempo. Esta característica del añejo clima de corrupción es fascinante. Bajo tales circunstancias es menos riesgoso cualquier crítica contra un presidente que contra esos zares del momento, quienes suelen preservar sus puestos más allá del límite de sus propias e indecorosas acciones por sus contribuciones económicas a campañas políticas.
Ha sido siempre una incógnita el silencio e inactividad presidencial frente a denuncias de actuaciones reñidas con la ética y la ley de funcionarios, puestas en evidencias en distintas épocas en diarios y programas de televisión independientes.
La lucha contra la corrupción, en todos sus niveles, público y privado, ha debido ser una prioridad oficial y en esto los dominicanos hemos sido al través del tiempo derrotados. Hay un estrecho nexo entre los altos niveles de insatisfacción social y la corrupción imperante desde el mismo nacimiento de la República. Los presidentes olvidan a menudo la enseñanza de la historia: será a ellos a quiénes la posteridad valorará.
